El Gobierno municipal concluye en un informe que los peritos del 'caso Aravaca' se equivocan

Pedro Areitio, gerente de Urbanismo en 1994, cuando el Ayuntamiento aprobó la recalificación de terrenos de Valdemarín (Aravaca) para pagar las expropiaciones de la M-40, niega que los beneficios de los propietarios del suelo llegaran al 234%. Esta cifra es la que barajan los expertos que investigan el caso por petición del juez; pero Areitio, en un informe prometido por el Gobierno municipal y ya terminado, asegura que el cálculo se basa en un "grave error técnico". Para el ex gerente de Urbanismo los peritos han sobrevalorado las posibilidades reales de edificar.

En 1994, el Ayunt...

Pedro Areitio, gerente de Urbanismo en 1994, cuando el Ayuntamiento aprobó la recalificación de terrenos de Valdemarín (Aravaca) para pagar las expropiaciones de la M-40, niega que los beneficios de los propietarios del suelo llegaran al 234%. Esta cifra es la que barajan los expertos que investigan el caso por petición del juez; pero Areitio, en un informe prometido por el Gobierno municipal y ya terminado, asegura que el cálculo se basa en un "grave error técnico". Para el ex gerente de Urbanismo los peritos han sobrevalorado las posibilidades reales de edificar.

En 1994, el Ayuntamiento recalificó cerca de 700.000 metros cuadrados del barrio de Valdemarín, zona pegada al Pardo y de gran interés urbanístico. Donde antes sólo se podía construir chalés ahora se iban a poder erigir bloques de cuatro plantas para pisos, mucho más rentables y de venta mucho más fácil. Con parte de estos terrenos se pagó a los propietarios del suelo que estaba en la trayectoria de la autovía M-40. El Ayuntamiento optó por pagar a los propietarios con terrenos de Aravaca recalificados en vez de con dinero. En junio de 1996, la Asociación de Vecinos de Valdemarín interpuso una querella contra los propietarios de los suelos por supuesto delito de información privilegiada y amenazó con extender su denuncia contra los entonces responsables municipales de Urbanismo: el concejal, José Ignacio Echeverría, del PP, y el gerente, Pedro Areitio. Este hecho no se llevó nunca a cabo. A raiz de la querella, el juez investigó los hechos y pidió informes a los especialistas, que concluyeron que el Ayuntamiento madrileño recalificó terreno de más.

Areitio contesta que la edificabilidad de la zona, y por lo tanto su recalificación, ya estaba pensada antes de la necesidad de encontrar suelo para la M-40. "La zona se mantenía sin urbanizar y con los consecuentes déficits de equipamientos". Para el ex gerente de Urbanismo, el trazado de la M-40 "aceleró el proceso" pero no lo provocó, ya que el Ayuntamiento iba a aprobar la recalificación pasase o no la autovía. De cualquier forma, el trazado de la M-40 obligó al municipio a expropiar los terrenos y a llegar a un acuerdo con los dueños. Los dueños cedieron los suelos y el Ayuntamiento les entregó a cambio otros terrenos colindantes pero recalificados. Por tanto, según Areitio, el beneficio de los dueños de los terrenos consistió "en el hecho de estar en posesión de suelo edificable cuando en muchos ámbitos de Madrid permanecía la suspensión de licencias". Esta prohibición desapareció con la aprobación de nuevo Plan General de Urbanismo en abril de 1997.

En cuanto a las plusvalías, Areitio recuerda que los beneficios del 234% que presuponen los peritos "se deben a que confunden las edificabilidades brutas [todo el ámbito, incluidos los jardines, las calles, las aceras] con las netas [estrictamente el suelo destinado a levantar casas]".