El alcalde y el jefe de policía de Benifaió, citados a declarar por las fichas policiales de extranjeros
El titular del Juzgado número 3 de Carlet ha citado a declarar al alcalde de Benifaió, Vicente Fort, del PP, y al responsable de la policía local de esa localidad de La Ribera, Enrique E. Abadcomo supuestos responsables de la violación de los derechos fundamentales de varios inmigrantes que fueron fichados, supuestamente de manera irregular, por los agentes de ese municipio. La decisión del magistrado es producto de la querella presentada por UGT. Los servicios jurídicos del sindicato denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y los Juzgados de Carlet l...
El titular del Juzgado número 3 de Carlet ha citado a declarar al alcalde de Benifaió, Vicente Fort, del PP, y al responsable de la policía local de esa localidad de La Ribera, Enrique E. Abadcomo supuestos responsables de la violación de los derechos fundamentales de varios inmigrantes que fueron fichados, supuestamente de manera irregular, por los agentes de ese municipio. La decisión del magistrado es producto de la querella presentada por UGT. Los servicios jurídicos del sindicato denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana y los Juzgados de Carlet las singulares fichas policiales utilizadas por la policía local de Benifaió. Según la querella, el sargento de la policía local divulgó entre la plantilla, en 1992, una orden de "obligado cumplimiento". Los agentes "debían identificar, cachear y fotografíar a todo súbdito extranjero que circule por esta población", una localidad con una notable actividad agrícola y frecuentada, por tanto, por inmigrantes magrebíes que trabajan como temporeros en el campo. La fotografía "se efectuará, a poder ser, en el Retén de la Policía u otro lugar discreto", especificaba la comunicación interna, que instaba a los agentes a archivar los documentos en el "fichero de extranjería". UGT pondrá a disposición del juez varias de las fichas policiales, que contienen información sobre las actividades profesionales o vínculos familiares de los ciudadanos magrebíes registrados. La decisión del juez, que ha detectado indicios de delito, supone la apertura de una investigación dilatada por varias peripecias judiciales. El TSJ rechazó la denuncia interpuesta por la UGT ante la sala de lo Contencioso-Administrativo por ser presentada fuera de plazo. Más tarde, el magistrado dilató la personación del sindicato en la causa como acusación popular al exigir una fianza de cinco - posteriormente rebajada a tres- millones de pesetas. Finalmente, un fallo de la Audiencia de Valencia, que rebajó la cuantía de la fianza a 100.000 pesetas, ha desbloqueado la investigación. Los magistrados de esta instancia, de mayor jerarquía que un juzgado de instrucción, resaltaron "la importancia y gravedad de los delitos denunciados en la querella" por UGT.