El juez impone 22.200 millones de fianza a los directivos de Transáfrica
El juez Manuel García Castellón acordó ayer imponer una fianza de 22.200 millones de pesetas para los directivos del Grupo Transáfrica Salomón Benatar, Rafael Salama y Juan Enrique Castañeda, así como al auditor de la agencia de valores AVA, Miguel Ángel Ibáñez, socio de KPMG Peat Marwick, para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso que se sigue en la Audiencia Nacional por el perjuicio -12.828 millones- causado a los clientes de AVA.
El magistrado ha declarado responsables civiles subsidiarias a todas las empresas del Grupo Transáfrica, y en...
El juez Manuel García Castellón acordó ayer imponer una fianza de 22.200 millones de pesetas para los directivos del Grupo Transáfrica Salomón Benatar, Rafael Salama y Juan Enrique Castañeda, así como al auditor de la agencia de valores AVA, Miguel Ángel Ibáñez, socio de KPMG Peat Marwick, para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso que se sigue en la Audiencia Nacional por el perjuicio -12.828 millones- causado a los clientes de AVA.
El magistrado ha declarado responsables civiles subsidiarias a todas las empresas del Grupo Transáfrica, y entre ellas especialmente las sociedades Transáfrica, SA -en suspensión de pagos-; Nousco Nouvelle Société Commerciale, SA; Socimer Finance Holding, SA; Banco de Medefin UNB, SA; Sociemer International Bank Ltd., y las filiales de esta última como Socimer España, SA. También ha sido declarada responsable subsidiaria, con carácter solidario, la compañía auditora KPMG Peat Marwick.Además, el juez ha fijado otra fianza de responsabilidad civil por importe de 800 millones de pesetas para Enrique Coronado. La agencia de valores AVA ha sido declarada subsidiaria de esta última fianza. El magistrado ha dado un plazo de 24 horas desde la notificación de la imposición de las fianzas para que los implicados las hagan efectivas. En caso contrario, procederá al embargo de los bienes correspondientes.
El juez Manuel García Castellón imputa a los "miembros del Consejo de Administración de Socimer International Bank Ltd. haber vendido a AVA préstamos depositados en garantía de la devolución de los préstamos obtenidos por Socimer para financiar la compra de esos valores".
La suspensión de pagos de Transáfrica y la liquidación de Socimer, motivada por la situación del banco argentino Medefín UNB, provocó la suspensión de pagos de la agencia AVA, causando un perjuicio a los clientes.