Sáenz de Oiza dimite de la Junta de Edad del Colegio de Arquitectos

La Junta de Edad del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) se resquebraja. Dos de sus miembros, Francisco Javier Sáenz de Oiza y Manuel Bastarreche Alfaro, han presentado su renuncia a formar parte del equipo directivo que encabeza el decano Fernando Chueca Goitia. Este último arquitecto fue nombrado, a finales del mes pasado, decano provisional del COAM por el Consejo General de Colegios de Arquitectos, ya que el hasta entonces decano, Luis del Rey, y su junta directiva habían sido inhabilitados por el periodo de un año menos un día. Del Rey y su equipo se habían negado a pagar las cuotas ...

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La Junta de Edad del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) se resquebraja. Dos de sus miembros, Francisco Javier Sáenz de Oiza y Manuel Bastarreche Alfaro, han presentado su renuncia a formar parte del equipo directivo que encabeza el decano Fernando Chueca Goitia. Este último arquitecto fue nombrado, a finales del mes pasado, decano provisional del COAM por el Consejo General de Colegios de Arquitectos, ya que el hasta entonces decano, Luis del Rey, y su junta directiva habían sido inhabilitados por el periodo de un año menos un día. Del Rey y su equipo se habían negado a pagar las cuotas al Consejo porque consideraban que eran excesivas para la escasa representación que tenía el colegio madrileño -el mayor de España- en este órgano intercolegial.La renuncia de Saenz de Oiza, de 79 años, es por "motivos de salud", según señaló Chueca Goitia a Efe. Por su parte, Bastarreche Alfaro, de 53 años, justificó su dimisión como vocal "por una posible incompatibilidad" debido a que es funcionario en la Administración regional. "Además, no esta muy clara la postura legal del Consejo Superior a la luz del reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el sentido de que no son procedentes algunas cosas que sostiene el Consejo Superior".

La inhabilitación de Del Rey, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia, está recurrida ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado. Sin embargo, un reciente auto del Tribunal Superior dictaminó que no debía ejecutarse la inhabilitación que estos mismos jueces habían firmado hasta que el Supremo no fallase definitivamente, porque se podían producir "perjuicios irreparables" para los afectados.

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