Un enmarañado proceso judicial dificulta aplicar una resolución
La maraña judicial en torno a Parque Ansaldo es tan compleja que dificulta el cumplimiento de las sentencias dictadas por distintas instancias judiciales. La propiedad de las casas se pone incluso en duda, casi 20 años después. Entre 1988 y 1989, el Banco Hipotecario, que concedió los prestamos de la viviendas y que no cobraba desde 1982, presentó una demanda por impago contra los propietarios de Parque Ansaldo. La entidad financiera consiguió ante los tribunales la propiedad de varios inmuebles del barrio. Los afectados recurrieron entonces al Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid. Una ...
La maraña judicial en torno a Parque Ansaldo es tan compleja que dificulta el cumplimiento de las sentencias dictadas por distintas instancias judiciales. La propiedad de las casas se pone incluso en duda, casi 20 años después. Entre 1988 y 1989, el Banco Hipotecario, que concedió los prestamos de la viviendas y que no cobraba desde 1982, presentó una demanda por impago contra los propietarios de Parque Ansaldo. La entidad financiera consiguió ante los tribunales la propiedad de varios inmuebles del barrio. Los afectados recurrieron entonces al Juzgado de Instrucción número 33 de Madrid. Una sentencia de este tribunal, fechada el pasado cinco de junio, establece que la promotora Viviendas Sociales de Alicante S.A. "es la única obligada frente a las entidades prestamistas a reintegrar el préstamo". En el fallo se señala que los demandantes "tienen derecho a ser reintegrados por la empresa y por el Banco Hipotecario de las cantidades entregadas incrementadas con su interés legal". El magistrado basa su sentencia en que el banco concedió el préstamo al promotor, y no directamente al adquiriente. "Aún no sabemos si han recurrido la sentencia", dicen los afectados. Pero el proceso es largo, explican, "rimero debemos recuperar la titularidad de nuestras viviendas para devolvérselas al constructor y que a cambio nos indemnice". La propiedad del inmueble es un factor clave para que se pueda ejecutar la sentencia que el Tribunal Supremo dictó en 1991, en la que se especifica que los afectados deberán entregar las casas a la promotora a cambio de una indemnización. "Es un callejón sin salida, porque la titularidad de las viviendas sólo la vamos a conseguir con una sentencia favorable del Constitucional", añadieron. Los vecinos están dispuestos a llegar hasta instancias internacionales. El pasado 18 de marzo presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Lo único que queremos es que la justicia", dice un afectado.