El Poder Judicial suspende a Liaño de todas sus funciones

Los tres presuntos delitos de prevaricación que pesan contra el magistrado Javier Gómez de Liaño le han apartado cautelarmente de la carrera judicial. Liaño, instructor del llamado caso Sogecable, fue obligado ayer por el Consejo General del Poder Judicial a dejar de ejercer como juez, dada la gravedad de las acusaciones de las que debe responder ante el Supremo. Ningún miembro del Consejo avaló el criterio del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, partidario de mantenerle en el cargo. Diecisiete votaron la suspensión y cuatro se abstuvieron.

El órgano de gobierno de los jueces rechazó de ...

Los tres presuntos delitos de prevaricación que pesan contra el magistrado Javier Gómez de Liaño le han apartado cautelarmente de la carrera judicial. Liaño, instructor del llamado caso Sogecable, fue obligado ayer por el Consejo General del Poder Judicial a dejar de ejercer como juez, dada la gravedad de las acusaciones de las que debe responder ante el Supremo. Ningún miembro del Consejo avaló el criterio del fiscal del Estado, Jesús Cardenal, partidario de mantenerle en el cargo. Diecisiete votaron la suspensión y cuatro se abstuvieron.

El órgano de gobierno de los jueces rechazó de plano la petición del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien, en contra del criterio mantenido hasta ahora en casos similares, había pedido una demora para el juez procesado. Gómez de Liaño recibió por teléfono la decisión del Consejo. Posteriormente le fue comunicada al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger. Liaño, el sexto juez procesado por el Tribunal Supremo en los últimos 20 años, no tardó en dejar su despacho. Lo hizo acompañado de la fiscal María Dolores Márquez de Prado. En contraste con la actitud de la fiscalía, la resolución del Consejo es drástica: «El delito de prevaricación es la conducta más grave que se puede imputar a un juez en el ejercicio de sus funciones. La confianza de la sociedad en la justicia es uno de los valores esenciales en un Estado de derecho. (...) El Consejo no puede permitir que un juez procesado por prevaricación continúe en el ejercicio de sus funciones». El Gobierno ha rehuido valorar esta grave decisión. Su portavoz, Miguel Ángel Rodríguez, se limitó a negar que el Ejecutivo del PP haya participado nunca en una operación contra el Grupo PRISA, al que no mencionó por su nombre. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, calificó de «absolutamente motivado en la legalidad» el informe de Cardenal.