El sueldo de la cúpula de la magistratura triplica el de los 500 jueces más modestos
Madrid El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que sus 21 miembros se aumentaron esta semana el sueldo bruto anual en tres millones, unido al reciente decreto del Gobierno que incrementó en seis millones anuales las retribuciones de los 83 magistrados del Supremo, permite a la cúpula de la judicatura triplicar la remuneración vigente de los más de 500 jueces más modestos. Estas gruesas gotas han colmado el vaso de la paciencia de los más de 3.000 jueces que reclaman desde hace años un aumento retributivo.
Las nuevas medidas salariales, que afectan a poco más de u...
Madrid El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que sus 21 miembros se aumentaron esta semana el sueldo bruto anual en tres millones, unido al reciente decreto del Gobierno que incrementó en seis millones anuales las retribuciones de los 83 magistrados del Supremo, permite a la cúpula de la judicatura triplicar la remuneración vigente de los más de 500 jueces más modestos. Estas gruesas gotas han colmado el vaso de la paciencia de los más de 3.000 jueces que reclaman desde hace años un aumento retributivo.
Las nuevas medidas salariales, que afectan a poco más de un centenar de integrantes de la cúpula del poder judicial, han disparado las diferencias en el seno de la judicatura, cada uno de cuyos 3.218 miembros en activo es titular del tercer poder del Estado. Si en 1997 un magistrado del Supremo, con 10 millones de pesetas anuales de sueldo bruto, duplicaba los cinco millones que percibe un juez de ingreso, en 1998, con 16 millones, ya triplica esa remuneración y, en general, se distancia del resto de los miembros de la carrera judicial (ver cuadro adjunto).El origen de estos aumentos en cadena proviene de la reclamación salarial de los magistrados del Tribunal Supremo, vinculada a un nuevo estatuto para garantizar una magistratura de ejercicio (esto es, en ningún caso honorífica, sino de dedicación) y unas incompatibilidades muy fuertes. Tras varios compromisos gubernamentales iniciados durante la etapa socialista, la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial estableció para las remuneraciones de los magistrados del Supremo una " cuantía similar a las de los titulares de otros altos órganos constitucionales".
Esa críptica referencia apuntaba a los sueldos de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, de unos 18 millones de pesetas brutas anuales. Por decreto ley de 8 de mayo último, el Gobierno elevó en un 60% las retribuciones de la cúpula judicial y fiscal. Los magistrados del Supremo pasaron de 10 a 16 millones anuales. Igual ha ocurrido con el presidente de la Audiencia Nacional y los presidentes de cada una de sus salas, si bien estos últimos perderán su categoría de magistrados del Supremo si no se reincorporan al mismo en el plazo de un año.
Por su parte, el CGPJ que, como el Tribunal Constitucional, tiene autonomía presupuestaria, se ha equiparado retributivamente a los magistrados del Supremo, elevando de 13 a 16 millones sus sueldos brutos anuales. El presidente, Javier Delgado Barrio, y tres vocales votaron en contra. Sin embargo, la mayoría acordó utilizar una partida de los presupuestos de 1998 para plazas que no se van a cubrir, a fin de aplicar la subida con efectos de enero de 1998.
El malestar de los jueces quedó de manifiesto en la reunión de las asociaciones judiciales con el CGPJ, celebrada el jueves último, un día después de acordarse la autosubida. Tres asociaciones judiciales insistieron en reclamar una mejora retributiva por categorías y desvinculada de criterios de productividad, mientras que Jueces para la Democracia (JpD), con fundamento en el Libro Blanco de la Justicia, elaborado por el propio CGPJ, mantuvo que gane más quien produzca más.
El mencionado Libro Blanco abrió la posibilidad de incentivar a los jueces y magistrados que realicen "una labor superior a la que razonablemente les debería ser exigida". El problema es que el CGPJ, a pesar de los esfuerzos de la vocal Manuela Carmena para defender criterios de productividad, carece de legitimidad para vincular remuneraciones con trabajo tras haber subido linealmente el sueldo de sus 21 vocales.
Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, insistió en su viejo criterio de elevar los sueldos judiciales sin ninguna relación con el trabajo desempeñado. El planteamiento de la APM es que el juez de entrada comience cobrando igual que un parlamentario, esto es, ocho millones de pesetas anuales brutas. Y a partir de ahí, los jueces seguirían incrementando sus retribuciones en función de su categoría, sin vincularlas nunca con la productividad.
Jueces para la Democracia insistió, en solitario, en que los jueces deben ganar más cuanto más contribuyan a satisfacer el derecho fundamental de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva.
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