Un edil de Gil compró una urbanización marbellí tasada ahora en 4.000 millones
El primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, ha admitido, tras silenciarlo durante años, ser el dueño de 500.000 metros cuadrados de una lujosa urbanización del municipio, adquiridos un año después de ser elegido edil del Grupo Independiente Liberal (GIL). El número 2 de Jesús Gil no ha desvelado cuánto le costó la operación, pero asegura que pagó con aportaciones propias, de familiares y de amigos. La Fiscalía Anticorrupción investiga esta adquisición denunciada por el PSOE. La urbanización está valorada ahora en 4.000 millones.
"En 1992 compré la quiebra técnica de Marbella...
El primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, ha admitido, tras silenciarlo durante años, ser el dueño de 500.000 metros cuadrados de una lujosa urbanización del municipio, adquiridos un año después de ser elegido edil del Grupo Independiente Liberal (GIL). El número 2 de Jesús Gil no ha desvelado cuánto le costó la operación, pero asegura que pagó con aportaciones propias, de familiares y de amigos. La Fiscalía Anticorrupción investiga esta adquisición denunciada por el PSOE. La urbanización está valorada ahora en 4.000 millones.
"En 1992 compré la quiebra técnica de Marbella Sierra Blanca, una sociedad que se encontraba en situación de caos económico total", reconoce Román, un antiguo constructor al que el PSOE denunció en mayo de 1996 ante la Fiscalía Anticorrupción por esta operación inmobiliaria, hasta ahora negada por el interesado. Los socialistas denunciaban varias actuaciones urbanísticas de las que responsabilizaban a varios miembros del GIL. El PSOE calificaba el asunto de Sierra Blanca como un caso "paradigmático de patrimonio inmobiliario presuntamente adquirido por procedimientos irregulares y con recursos de procedencia ilícita". A la operación, además, se han sumado varios aplazamientos de dinero que la empresa debía al Ayuntamiento. En febrero de 1990, antes de que Gil se hiciera con la alcaldía, el Banco Hispano Americano avaló a la antigua propiedad el aplazamiento de una deuda de 10,9 millones de pesetas por la contribución urbana de 1989. El 14 de enero de 1995 Antonio Román, hijo del primer teniente de alcalde y, tras la compra, administrador único de Marbella Sierra Blanca, solicitó al consistorio de Gil la devolución de dicho aval. Alegaba que habían transcurrido más de cinco años de "los recibos correspondientes a 1989, por lo que legalmente han prescrito sin que se hayan ejecutado". Posteriormente, la inmobiliaria de Román consiguió del Ayuntamiento el aplazamiento de una deuda de 94,7 millones hasta el día de hoy. Aplazamiento de pago El 19 de enero la alcaldía desestimó el recurso que presentó el hijo de Román y ordenó el cobro de la deuda, al estimar que se había interrumpido el plazo de cinco años, ya que el 6 de febrero de 1990 se impugnó el pago ante el Tribunal Económico Administrativo. Román asegura que el tan traído y llevado aval va a seguir en la caja fuerte del Ayuntamiento por pocos días. "Me lo tendrán que devolver cuando se cobre el pagaré de los 94 millones", cuyo vencimiento se cumple hoy y en el que incluye la deuda de 10,9 millones. "El Ayuntamiento de Marbella le ha cobrado a Pedro Román hasta la última peseta, sin ningún tipo de privilegio, ni condonación, cuando a otros contribuyentes, por circunstancias, se han estimado sus recursos. Ninguna peseta se me ha perdonado", repite el propio Pedro Román. Ahora, el puesto de administrador único de esta empresa multimollonaria lo ejerce Antonio Ojeda,chófer de Román, "un hombre de la confianza de Marbella Sierra Blanca". Ojeda fue el que solicitó el pasado 23 de febrero el aplazamiento de la deuda de los 94 millones con la garantía de un pagaré a tres meses del Arab Bank. El interventor y el tesorero municipal calificaron el pagaré en un informe como sólo "una promesa de pago" y dejaron la resolución en manos de la comisión municipal de gobierno. Este órgano no se ha pronunciado aún, pero dispone de seis meses para hacerlo. "Es una práctica habitual que se sigue en este Ayuntamiento y en todas las instituciones: cuando una empresa no puede pagar al contado pide un aplazamiento", dice Román. Sin embargo, la Diputación de Málaga, a quien el Ayuntamiento confió el cobro de sus impuestos, no tiene constancia de esta deuda ni de su aplazamiento y califica la situación de "anormal". Román asegura que ha conseguido el reflotamiento de la sociedad, que "debía cantidades multimillonarias a bancos, Hacienda, proveedores, sociedades, Ayuntamiento y comunidad de propietarios", además de mantener pleitos con antiguos clientes. Y agrega: "Todos y cada uno de los compromisos de la sociedad que fueron asumidos por nosotros: Pedro Román, su grupo de empresa y su familia".