El Consejo Consultivo pide al Gobierno la regulación del régimen jurídico de la Junta

El Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, órgano asesor de la comunidad en materia jurídica, apeló ayer al Gobierno andaluz para que en el plazo más breve posible redacte y posteriormente se apruebe una nueva ley que regule el régimen jurídico del propio Gobierno. Según el consejo, la ley actual, de carácter nacional, está pensada para un tipo de administración distinta, sin tener en cuenta las peculiaridades de las instituciones andaluzas. La propuesta, recogida en la memoria del Consejo Consultivo correspondiente a 1997 que fue presentada ayer en Granada, incide en que es también nece...

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El Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, órgano asesor de la comunidad en materia jurídica, apeló ayer al Gobierno andaluz para que en el plazo más breve posible redacte y posteriormente se apruebe una nueva ley que regule el régimen jurídico del propio Gobierno. Según el consejo, la ley actual, de carácter nacional, está pensada para un tipo de administración distinta, sin tener en cuenta las peculiaridades de las instituciones andaluzas. La propuesta, recogida en la memoria del Consejo Consultivo correspondiente a 1997 que fue presentada ayer en Granada, incide en que es también necesario que sea la comunidad autónoma la que elabore sus propias disposiciones de carácter general, además de aquellas otras que afecten al régimen jurídico propio de la Administración autónoma. La memoria, a cuya presentación asistieron el presidente del Parlamento Andaluz, Javier Torres Vela, y el consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, vuelve, como en años anteriores, a dar un toque de atención a la Administración por el hecho de que, en algunas ocasiones, no haya tenido en cuenta sus sugerencias en caso de conflictos jurídicos, y se haya limitado a "darse por enterada" de éstas. El Consejo propone, además, la creación de una comisión de estilo que obligue a que el lenguaje usado por la Administración sea más comprensible y claro para el ciudadano. Según la memoria, muchas normas, "por su complejidad técnica o por otras causas", estaban redactadas "de forma que resultaba complicada su comprensión e interpretación". Igualmente se insiste en que la elaboración de disposiciones generales que afectan a los ciudadanos "no puede reducirse a una simple sucesión de trámites inconexos, sino que todos han de realizarse con un fin determinado". El consejo exige una mayor atención por parte de la Administración a las alegaciones, propuestas y observaciones que formulen personas o entidades. La memoria recoge que, a lo largo de 1997, se le solicitaron al consejo 169 dictámenes, de los que resolvió 165.

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