España quiere conocer el coste de la ampliación de la UE
España no está dispuesta a hacer ninguna concesión en la Agenda 2000 hasta que se conozca el coste de la ampliación de la Unión Europea. Esta posición fue transmitida ayer, con toda claridad, por el presidente del Gobierno español, José María Aznar, el vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, a la comisaria europea Monika Wulf-Mathies, encargada, entre otros temas, de los fondos estructurales y de cohesión en la Unión Europea, que visitó Madrid.El próximo 25 de mayo, el Consejo de Ministros de la UE debatirá un informe sobre la Agenda 2000 que...
España no está dispuesta a hacer ninguna concesión en la Agenda 2000 hasta que se conozca el coste de la ampliación de la Unión Europea. Esta posición fue transmitida ayer, con toda claridad, por el presidente del Gobierno español, José María Aznar, el vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, a la comisaria europea Monika Wulf-Mathies, encargada, entre otros temas, de los fondos estructurales y de cohesión en la Unión Europea, que visitó Madrid.El próximo 25 de mayo, el Consejo de Ministros de la UE debatirá un informe sobre la Agenda 2000 que contempla el asunto más delicado: las perspectivas financieras para los próximos seis años, periodo en que se negociará el ingreso de nuevos miembros del centro y el este de Europa.
El Gobierno español expresó a la comisaria su deseo de mantener, más allá de 1999, su cuota de participación en los fondos alcanzada ese año y se opuso a cualquier desviación de los objetivos a los que ahora se dedican los fondos de cohesión.
Durante la cumbre de Cardiff del mes de junio se discutirán algunos de los puntos de la Agenda 2000, a fin de avanzar en un debate que se anuncia complejo.
Antes de partir de España, la comisaria Wulf-Mathies dijo que las regiones seleccionadas para recibir los fondos de ayuda serán aquellas cuyo producto interior bruto sea menor al 75% del promedio comunitario, y que este criterio no está sujeto a ningún tipo de negociación.
"Si se aplicara con flexibilidad, cada Estado miembro querría excepciones para sus regiones y acabaríamos en una situación muy injusta para las regiones más pobres", afirmó Wulf-Mathies.