Cardenal remite al fiscal del Supremo la investigación sobre el senador Tomey

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, remitió ayer al fiscal jefe de la fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo las diligencias abiertas por la fiscalía de Guadalajara en relación con la presunta ocultación de un déficit de 3.500 millones de pesetas en la Diputación provincial, presidida por el senador del PP Francisco Tomey. La dirección nacional del PP respaldó ayer la actuación del senador tras las explicaciones que dio ante los medios de comunicación.

La fiscalía del Tribunal Supremo estudiará las diligencias abiertas por la fiscal jefe de Guadalajara, María Angeles...

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, remitió ayer al fiscal jefe de la fiscalía de la Sala Segunda del Tribunal Supremo las diligencias abiertas por la fiscalía de Guadalajara en relación con la presunta ocultación de un déficit de 3.500 millones de pesetas en la Diputación provincial, presidida por el senador del PP Francisco Tomey. La dirección nacional del PP respaldó ayer la actuación del senador tras las explicaciones que dio ante los medios de comunicación.

La fiscalía del Tribunal Supremo estudiará las diligencias abiertas por la fiscal jefe de Guadalajara, María Angeles García, y tendrá que decidir si de las mismas se desprende contenido penal para imputar al senador del PP. A partir de ese estudio tendrá que emitir el preceptivo informe sobre la competencia de la Sala Segunda y sobre el fondo del asunto.Previamente a a la remisión de la documentación al Supremo, Jesús Cardenal recabó un informe de su secretaría técnica, según informaron fuentes de la fiscalía.

La fiscal jefe de Guadalajara, María Ángeles García, envió las diligencias informativas a Cardenal para que el fiscal general decidiera qué hacer a la vista de la condición de aforado del senador Tomey. Según la fiscal jefe de Guadalajara, los hechos pueden ser constitutivos de un presunto delito continuado de falsedad en documento oficial, del que serían autores Tomey y el interventor de la Diputación, José Villalgordo Rodríguez.

La investigación se centra en la presunta ocultación, "mediante apuntes contables mendaces, de unos 3.500 millones de pesetas de la Diputación de Guadalajara, y en la concertación de operaciones de Tesorería por importe de más de 7.000 millones, sin contar los correspondientes intereses".

Denuncia del PSOE

Los hechos fueron denunciados por el portavoz del PSOE en la corporación alcarreña, Jesús Alique López, quien sostiene que esas cantidades podrían haber sido incorporadas ficticiamente a los presupuestos de los años 1991 a 1996 como pendientes de cobro, cuando no existía cantidad alguna por ese concepto.Según la fiscal jefe, "se ha comprobado la veracidad de la denuncia en cuanto a que efectivamente se han incorporado a la liquidación de los presupuestos, como pendientes de cobro, créditos inexistentes o ficticios".

El presidente de la Diputación de Guadalajara, Francisco Tomey, negó ante la cúpula del PP que hubiera cometido ningún delito o que se hubiera llevado dinero indebidamente.

El presidente del PP en Castilla La Mancha, Agustín Conde, expresó su apoyo a Tomey. Conde señaló que en su partido están prácticamente convencidos de la intencionalidad política y de que toda esta situación apunta a una "maniobra" orquestada desde el PSOE. Sin embargo, la investigación de la fiscal parece haber descartado que se trate de "meros errores contables penalmente irrelevantes" o de "una mera operción de desgaste y descrédito del adversario político".