El fiscal pide 8 años de cárcel por fraude para 4 ex altos cargos de prisiones
Cuatro ex altos cargos de Trabajos Penitenciarios -el organismo que se encarga de gestionar los talleres de las cárceles españolas- se enfrentan a una petición del fiscal de ocho años de cárcel por presuntos delitos de malversación de caudales y fraude en la contratación pública. El fiscal cifra en "varios cientos de millones" el dinero malversado entre 1990 y 1992 por los máximos responsables de este organismo, dependiente de Instituciones Penitenciaria.La trama urdida por los acusados fue, según el fiscal, la siguiente: crearon ocho "empresas ficticias" y obligaron a los proveedores habi...
Cuatro ex altos cargos de Trabajos Penitenciarios -el organismo que se encarga de gestionar los talleres de las cárceles españolas- se enfrentan a una petición del fiscal de ocho años de cárcel por presuntos delitos de malversación de caudales y fraude en la contratación pública. El fiscal cifra en "varios cientos de millones" el dinero malversado entre 1990 y 1992 por los máximos responsables de este organismo, dependiente de Instituciones Penitenciaria.La trama urdida por los acusados fue, según el fiscal, la siguiente: crearon ocho "empresas ficticias" y obligaron a los proveedores habituales a canalizar a través de ellas las ventas que hacían a las cárceles. Eso les permitió inflar espectacularmente los precios de los productos y quedarse ellos la diferencia. Un ejemplo real: en 1992 el organismo compró a la empresa aragonesa Sodecal una partida de zapatos para los reclusos. Sodecal cobró realmente por los zapatos unos 13 millones de pesetas, si bien, tras, ser canalizado el pedido a través de las empresas ficticias, los zapatos terminaron costando al Estado 27 millones.
"En mayo de 1992", agrega también el fiscal, los acusados adquirieron para las celdas una partida de armarios portallaves, papeleras y mesas que importaron casi 200 millones de pesetas. Los proveedores cobraron realmente por cada armario 5.000 pesetas; sin embargo el precio se disparó hasta 21.428 pesetas la unidad tras pasar por las citadas empresas fantasmas. La diferencia, según el fiscal, se la embolsaban ellos. El volumen de operaciones del organismo superó en esa época los 500 millones.
Los acusados, que deberán sentarse próximamente ante un tribunal de la Audiencia de Madrid para ser juzgados, son: Javier Serrano Ibáñez, jefe técnico de mercadotecnia de Trabajos Penitenciarios; Rafael Martínez Torrecilla, gerente del organismo; Carlos Romero Delegado, jefe del servicio comercial, y Eduardo Cortés Gómez, coordinador de zona.
El fiscal reclama también seis años de cárcel para Sagrario Pinilla y Rodofo Carrillo por malversación. Pinilla y Carrillo, en connivencia con los otros, "fundaron y administraron" el ficticio holding empresarial.