El fiscal pide 6 años para el ex presidente de Aragón por espiar con dinero público

El ministerio público ha acusado al ex presidente de la Diputación General de Aragón y ex militante socialista José Marco de pagar con dinero público, durante su etapa de presidente del Gobierno autónomo (1993-1995), trabajos realizados por la empresa de detectives Diamond, encaminados a investigar al ex alcalde de Zaragoza Antonio González Triviño, al ex concejal Luis García Nieto, al presidente de la anterior Diputación General Emilio Eiroa, al consejero Luis Afín y al presidente del Partido Aragonés, José María Mur. Según El Heraldo de Aragón, el fiscal pide para Marco seis años de cárc...

El ministerio público ha acusado al ex presidente de la Diputación General de Aragón y ex militante socialista José Marco de pagar con dinero público, durante su etapa de presidente del Gobierno autónomo (1993-1995), trabajos realizados por la empresa de detectives Diamond, encaminados a investigar al ex alcalde de Zaragoza Antonio González Triviño, al ex concejal Luis García Nieto, al presidente de la anterior Diputación General Emilio Eiroa, al consejero Luis Afín y al presidente del Partido Aragonés, José María Mur. Según El Heraldo de Aragón, el fiscal pide para Marco seis años de cárcel y la devolución de 15 millones de pesetas al erario público.

A Marco -que ya fue condenado por el Tribunal Supremo- se le acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público. Los trabajos de barrido telefónico que había encargado estaban valorados en poco más de un millón de pesetas, y la Diputación General pagó por ellos más de seis, que se intentaron enmascarar con informes de 31 empresas que habían pedido ayudas de Araval (sociedad aragonesa de avales).

El fiscal pide también para el empresario Juan Gómez Moreda, propietario de la agencia de detectives, cuatro años de prisión como coautor de los delitos de malversación de caudales y falsedad, ya que entiende que cooperó con el ex presidente en la comisión de estos delitos. Sin embargo, no ha considerado delito el espionaje en sí. La Diputación General de Aragón no había decidido ayer si iba a personarse en la causa como parte perjudicada.