Francia y Reino Unido cuentan con comités audiovisuales independientes

Francia y Reino Unido son probablemente los dos países de la Unión Europea donde está más desarrollada una autoridad de vigilancia de los contenidos televisivos; una iniciativa legislativa que divide actualmente a las fuerzas políticas españolas, tanto por la elección de sus miembros como por sus competencias. Mientras el PP propone que los nombre el Ejecutivo, CiU y la oposición abogan porque sean designados por el Parlamento. Franceses y británicos han llegado por diferentes, vías, acordes a sus respectivas culturas políticas, hasta conformar unos organismos que evitan la sintonía con el Gob...

Francia y Reino Unido son probablemente los dos países de la Unión Europea donde está más desarrollada una autoridad de vigilancia de los contenidos televisivos; una iniciativa legislativa que divide actualmente a las fuerzas políticas españolas, tanto por la elección de sus miembros como por sus competencias. Mientras el PP propone que los nombre el Ejecutivo, CiU y la oposición abogan porque sean designados por el Parlamento. Franceses y británicos han llegado por diferentes, vías, acordes a sus respectivas culturas políticas, hasta conformar unos organismos que evitan la sintonía con el Gobierno.Así, el Consejo Superior del Audiovisual (CSA) francés está integrado por nueve miembros, uno de los cuales es nombrado presidente por los demás. Tres de sus integrantes son designados por el presidente de la República -dos de ellos por' seis años, el otro por un plazo de ocho-; otros tres los nombra el presidente de la Asamblea Nacional y los tres restantes son escogidos por el presidente del Senado, en todos los casos por periodos cuya duración es idéntica a la de los candidatos presidenciales. La fórmula evita una excesiva sintonía del CSA con el Ejecutivo de cada momento.

Ninguno de los miembros del CSA puede trabajar en una empresa ligada al sector audiovisual y su mandato no es remunerado.

Las principales atribuciones del CSA son: nombrar al presidente de las cadenas públicas; fijar reglas imparciales de acceso a la pequeña pantalla en elecciones; y obligar a respetar el derecho a la réplica. Los canales tienen que respetar ciertas cuotas de producción propia, de producción europea, la frecuencia de los anuncios y evitar imágenes violentas o pornográficas a ciertas horas.

La Cinq fue cerrada por el CSA porque no cumplía con las normas; y la privada TFI ha sufrido la mayor sanción dictada. contra un canal-45 millones de francos (más de 1.100 millones de pesetas)- por no respetar en su parrilla el 60% de obras de ficción europea. Tuvo que invertir la multa en producciones de ese origen.

El modelo británico

En el caso británico, el control de calidad de la televisión comercial está en manos de una comisión (Independent Television Comission) elegida por el Ministerio de Cultura. Sus miembros son nombres de reconocido prestigio en la sociedad, que no pertenecen necesariamente al mundo de los medios de comunicación. Cuando cambia el Gobierno tras unas elecciones generales, la comisión permanece intacta y concluye su mandato. Cualquier telespectador puede dirigirse a ella con una queja sobre el contenido de los programas y de los anuncios emitidos en ITV y Channel 4 y Channel 5. Si el problema es considerado grave, puede haber sanciones.En el caso de la cadena pública BBC, los espectadores también cuentan para canalizar sus quejas con la comisión de normas de la radiodifusión (Broadcasting Standars Comission), igualmente elegida por el Gobierno.