Juicios rápidos y penas más duras, entre ellas el destierro, contra los malos tratos a las mujeres
El Gobierno estudia aplicar el destierro y un endurecimiento general de las penas, así como la agilización de los juicios, en el plan de choque que prevé aprobar en marzo contra los malos tratos a las mujeres. Así lo dijo ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, al finalizar el Consejo de Ministros, ante el que presentó un informe, con un amplio capítulo de medidas, destinado en buena parte a combatir el silencio de las víctimas. Arenas reiteró su llamamiento a que se denuncien las agresiones en las comisaría y en los juzgados, ya que ahora sólo se hace entre el 5% y el 1...
El Gobierno estudia aplicar el destierro y un endurecimiento general de las penas, así como la agilización de los juicios, en el plan de choque que prevé aprobar en marzo contra los malos tratos a las mujeres. Así lo dijo ayer el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, al finalizar el Consejo de Ministros, ante el que presentó un informe, con un amplio capítulo de medidas, destinado en buena parte a combatir el silencio de las víctimas. Arenas reiteró su llamamiento a que se denuncien las agresiones en las comisaría y en los juzgados, ya que ahora sólo se hace entre el 5% y el 10% de las veces.
Diecisietemil mujeres denunciaron en 1997 por agresiones a sus maridos o compañeros sentimentales y 60 perdieron la vida a manos de ellos, según advirtió Javier Arenas al informar de que el Gobierno había debatido durante el Consejo de Ministros las medidas legales a adoptar para atajar esta lacra.Entre ellas se ha descartado, dijo Arenas, la creación de una Fiscalía especial como habían propuesto algunos colectivos femeninos. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales indicó al respecto que, a juicio del Ejecutivo, "es más eficaz la especialización de los fiscales de provincias". En este sentido, anticipó que a lo largo de este año se pondrán en marcha oficinas de asistencia a las víctimas en las sedes de los juzgados, los tribunales y las fiscalías.
El Gobierno, según Arenas, no se ha planteado la posibilidad de promover una ley especial destinada a combatir este tipo de violecia. Cree suficiente introducir algunas reformas en el Código Penal, como el endurecimiento de las penas, la aplicación de las figuras del destierro y el extrañamiento de los agresores y la remoción de obstáculos con el fin de posibilitar la celebración de juicios rápidos.
Sensibilización social
Arenas presentó ante el Consejo una serie de medidas que, además de las actuaciones en materia judicial, pretende sensibilizar a la población. Para ello se han implicado en él cuatro ministerios, los de Justicia, Interior, Educación y Cultura, y Sanidad, que en marzo presentarán un plan conjunto de acción en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Con él se pretende garantizar la protección de las mujeres maltratadas, mejorar los mecanismos de asesoramiento y apoyo a las víctimas y combatir su silencio ante las agresiones.
El ministro expresó la preocupación del Gobierno por este último extremo. En los últimos cinco años, advirtió, las denuncias han aumentado en un 7,3%, pero, aun así, sólo representan, a lo sumo, entre el 5% y el 10% del total de los malos tratos psíquicos y físicos que se producen.
Algunas medidas tratan de acabar de forma directa con el silencio de las víctimas mediante la puesta en marcha de cursos de formación en el empleo para facilitarles su reinserción laboral y social. Arenas otorga especial importancia a este punto porque "muchas mujeres no presentan denuncias por carécer de autonomía laboral y económica". Como complemento, se habilitarán este mismo año nuevos centros de acogida. También se publicará y difundirá una guía de recursos existentes para ellas en todo el territorio.
En este mismo orden de cosas, se pondrán en marcha oficinas de asistencia a las víctimas en las sedes de los juzgados y los tribunales, así como en las fiscalías. En colaboración con los colegios de abogados, se promoverá así mismo la creación de turnos de oficio específicos para las causas criminales por malos tratos y la normalización de los reconocimientos médicos forenses para garantizar "la acertada calificación jurídico penal de los comportamientos violentos en el ámbito farniliar".
En el terreno policial, el Gobierno se compromete a crear este año once servicios nuevos de atención a la mujer en comisarías. Concretamente, en Albacete, Almería, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Guadalajara, Murcia, Tenerife, Valladolid y Vigo. También aumentará el número de plazas de mujeres policías y guardias civiles y realizará, en febrero y marzo, módulos formativos dirigidos a mandos superiores. De añadidura, organizará unas jornadas sobre violencia doméstica para los miembros de las Fuerzas de Seguridad.
El Ejecutivo, con cargo al IRPF, subvencionará a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que elaboren programas de apoyo a niños y niñas que han sufrido la violencia doméstica y, asimismo, incrementará la dotación presupuestaria de programas de apoyo y asesoramiento a mujeres maltratadas. Arenas hizo hincapié en la campaña de sensibilización popular que el Gobierno proyecta para marzo y abril y que será elaborada conjuntamente por las comunidades, la Federación Española de Municipios y Provincias y la propia Administración central.
La presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, consideró los planteamientos del Gobierno como "insatisfactorios, precipitados y poco concretos".
"Son más una declaración de intenciones que unas medidas a tomar muy en serio", afirmó Pérez del Campo, que lamentó que no se haya tenido en cuenta la opinión de su grupo, que había solicitado ser oído al igual, argumentó, que son oídos los sindicatos en asuntos que les afectan.