El veto británico al futuro mando de la OTAN en España bloquea la nueva estructura militar

El veto del Reino Unido a la creación de un mando de la OTAN en Madrid y a la desaparición del cuartel aliado de Gibraltar, hasta que España levante las restricciones al Peñón, impedirá que el Comité Militar, integrado por los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los 16 países, apruebe hoy en Bruselas la nueva estructura militar, piedra angular de la reforma de la Alianza Atlántica. En consecuencia, tampoco podrán refrendarla mañana los ministros de Defensa de la OTAN. La última oportunidad para aprobar la reforma es la reunión del Consejo Atlántico, a nivel de ministros de Exteriores, previ...

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El veto del Reino Unido a la creación de un mando de la OTAN en Madrid y a la desaparición del cuartel aliado de Gibraltar, hasta que España levante las restricciones al Peñón, impedirá que el Comité Militar, integrado por los jefes de Estado Mayor de la Defensa de los 16 países, apruebe hoy en Bruselas la nueva estructura militar, piedra angular de la reforma de la Alianza Atlántica. En consecuencia, tampoco podrán refrendarla mañana los ministros de Defensa de la OTAN. La última oportunidad para aprobar la reforma es la reunión del Consejo Atlántico, a nivel de ministros de Exteriores, prevista para el 16 de diciembre. Es muy improbable que Madrid y Londres alcancen un acuerdo sobre Gibraltar antes de esa fecha.

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Contra todas las previsiones, el contencioso del Peñón se ha convertido en el principal obstáculo para la reforma de la OTAN. El otro punto en litigio, el reparto de mandos entre Grecia y Turquía en el Mediterráneo Oriental, está en vías de solución, sobre la base de que cada uno de dichos países albergue un cuartel subregional.Según fuentes aliadas, Atenas y Ankara siguen negociando la coordinación de sus espacios aéreos, pero nada les impediría retirar sus reservas al documento que define la, nueva estructura de la OTAN (el Estudio a Largo Plazo o LTS), si la disputa hispano-británica no sirviera de excusa para ganar tiempo. Francia, de su parte, ha anunciado que no pondrá pegas a la aprobación de la nueva estructura militar en la que, de todas formas, no va a integrarse, por considerarla poco europeísta.

Muy distinta es la actitud británica. Desde el principio, el Reino Unido planteó una reserva a la desaparición de los llamados mandos de cuarto nivel, entre los que figura Gibraltar (Gibmed). Londres exigió el levantamiento de las restricciones militares, navales y aéreas, impuestas por España a la colonia a cambio de la supresión de Gibmed. Madrid replicó que la eliminación de los mandos de cuarto nivel es una decisión autónoma de la OTAN por la que no tiene que pagar ningún peaje.

Recientemente, el Reino Unido amplió su reserva, de forma que ya no sólo objeta la desaparición de Gibmed sino también la creación del Mando Subregional del Sudoeste, con sede en Madrid. Esta reserva equivale a vetar la plena integración de España en la OTAN y el conjunto de la nueva estructura militar.

Bajo la presión de EE UU, España accedió a negociar el levantamiento de las restricciones al Peñón, pero exigiendo a cambio la gestión militar conjunta del aeropuerto de Gibraltar, construido sobre el istmo ocupado ilegalmente por los británicos. Las dos reuniones celebradas hasta ahora por el ministro español de Exteriores, Abel Matutes, con su homólogo británico, Robin Cook, y la que mantuvieron el pasado jueves en Londres diplomáticos de ambos países se han saldado con un fracaso: el Reino Unido acepta compartir el control del espacio aéreo, pero España quiere el uso conjunto del aeropuerto, en el que se instalaría un destacamento español.

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Para evitar el bloqueo de la reforma, el presidente del Comité Militar, Klaus Naumann, propuso la semana pasada aprobar la nueva estructura militar, pero, manteniendo viva la reserva británica, de forma que la activación del mando español se subordinara al visto bueno del Reino Unido.

España se opuso de inmediato a esta fórmula que cuenta con un triste antecedente: el cuartel general de Larisa (Grecia), aprobado en 1991, sólo existe sobre el papel, ya que Turquía ha vetado sistemáticamente la aprobación del personal y los fondos necesarios para su puesta en marcha.

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