La Administración desoyó las denuncias sobre Roldán, según la acusación popular

Los controles de la Administración socialista fallaron en el caso Roldán y se desoyeron las denuncias sobre sus obras, aseguró ayer el abogado Marcos García Montes, representante de la acusación popular, al exponer sus conclusiones definitivas ante el tribunal. Este letrado, que representa al empresario José María Ruiz-Mateos, pide 34 años y cuatro meses de cárcel para el ex director general de la Guardia Civil.

Marcos García Montes puso como ejemplo de la falta de control los informes emitidos en 1991 por Fernando Martínez Genique, interventor de Hacienda en Interior, quien denunci...

Los controles de la Administración socialista fallaron en el caso Roldán y se desoyeron las denuncias sobre sus obras, aseguró ayer el abogado Marcos García Montes, representante de la acusación popular, al exponer sus conclusiones definitivas ante el tribunal. Este letrado, que representa al empresario José María Ruiz-Mateos, pide 34 años y cuatro meses de cárcel para el ex director general de la Guardia Civil.

Marcos García Montes puso como ejemplo de la falta de control los informes emitidos en 1991 por Fernando Martínez Genique, interventor de Hacienda en Interior, quien denunció que en la Guardia Civil se empleaba un sistema fraudulento para otorgar las obras de los cuarteles "incumpliéndose sistemáticamente el principio de concurrencia". "En muchos casos, la supuesta presentación de tres ofertas distintas antes de adjudicar los contratos es meramente ficticia", aseguraba.Los informes de Martínez Genique y otros del Tribunal de Cuentas, que denunciaban hechos similares, fueron remitidos a José Luis Corcuera, entonces ministro del Interior, quien, a su vez, se los envió a Luis Roldán. Y éste respondió condecorando al interventor con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Las obras continuaron adjudicándose con el mismo sistema.

García Montes criticó la pasividad de Eligio Hernández, entonces fiscal general del Estado, cuando estalló el escándalo en noviembre de 1993 y aseguró que tanto a él, por presentar una denuncia, como a los periodistas que desvelaron el caso se les tachó de "locos".

En representación de Ruiz-Mateos, este abogado presentó en diciembre de ese año una denuncia contra Roldán basada únicamente en fotocopias de la investigación periodística. A la suya se sumó otra del padre de un guardia civil asesinado por ETA. Tras el reparto, ambas se trasladaron al Juzgado número 16 de Madrid, cuya titular, Ana Ferrer, realizó la posterior investigación judicial.

"Ventilador"

García Montes acusó a Roldán de "haber puesto en marcha el ventilador para salvar su responsabilidad", dijo que no se ha acreditado en esta causa la existencia de sobresueldos y le reprochó haber cambiado todo el sistema de los fondos reservados de la Guardia Civil "para su único y exclusivo beneficio".Luego, abrió un ejemplar de la Guardia Civil de 1835 y, dirigiendo su mirada al procesado y al general Manuel Llaneras, para el que se piden seis meses de prisión por prevaricación y tráfico de influencias, leyó: "El honor ha de ser siempre la primera divisa de la Guardia Civil". A continuación citó el informe interno del propio cuerpo, que plantea graves acusaciones contra el que fuera responsable de las obras y suministros del instituto armado.

Asimismo, el letrado calificó a los procesados como "justiciables de lujo", afirmó que Blanca Rodríguez-Porto conocía el origen ilícito de la fortuna de su marido y pidió a la sala que se inicien acciones penales contra Francisco Paesa por su colaboración en la ocultación de los 1.700 millones que Roldán tenía en Suiza y que se investiguen las muertes de Jack Pierre Aberlé y Jean Henry, los testaferros que trajeron ese dinero a Madrid.