SBB, la joya de un grupo ruinoso
SBB, es la joya de la ruinosa Empresa Nacional Santa Bárbara. Al contrario que el resto del grupo, la compañía de blindados está en números negros (66 millones de beneficio en 1996) y tiene una cartera de pedidos envidiable.
El Ministerio de Defensa le ha adjudicado ya la primera fase del vehículo de combate dé caballería Pizarro, por 43.000 millones de pesetas, y la modernización de los blindados BMR, por 19.380 millones.
Aún faltan por adjudicar la segunda y tercera fase del Pizarro, por 83.000 millones, y sobre todo el Leopard 2A5E (es decir, español), por un...
SBB, es la joya de la ruinosa Empresa Nacional Santa Bárbara. Al contrario que el resto del grupo, la compañía de blindados está en números negros (66 millones de beneficio en 1996) y tiene una cartera de pedidos envidiable.
El Ministerio de Defensa le ha adjudicado ya la primera fase del vehículo de combate dé caballería Pizarro, por 43.000 millones de pesetas, y la modernización de los blindados BMR, por 19.380 millones.
Aún faltan por adjudicar la segunda y tercera fase del Pizarro, por 83.000 millones, y sobre todo el Leopard 2A5E (es decir, español), por unos 240.000. Se trata de fabricar 219 carros de combate, más otros 23 de recuperación, en un plazo de siete años.
Si a ello se suma la modernización de los 108 Leopard alquilados (caso de que Alemania acceda a venderlos a buen precio) y el mantenimiento de la futura flota de carros, el negocio rondaría los 400.000 millones, según los expertos.
Los representantes sindicales de los 310 trabajadores de SBB rechazan los planes de privatización, y abogan por su mantenimiento en el sector público alegando que a empresa es plenamente rentable.
Los puestos de trabajo de SBB están garantizados, pero no ocurre lo mismo con el resto de Santa Bárbara, una vez que se produzca la segregación definitiva de la primera. Factorías como la de Trubia (Oviedo) o Granada dependen, en gran medida, de las subcontrataciones derivadas de los programas Leopard o Pizarro.
Fuentes gubernamentales alegan que la adjudicación del programa Leopard a una empresa con mayoría de capital privado no significa que la Administración pierda el control de las subcontrataciones.