PSOE e IU acusan al Gobierno de "deslealtad" hacia el Parlamento
El portavoz socialista en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, y su homóloga del grupo de IU-IC, Rosa Aguilar, acusaron ayer al Gobierno de "chantaje" y "deslealtad", respectivamente, hacia el Parlamento porque, según ellos, ha fliltrado de forma tendenciosa una falsa subida de sueldos de los diputados. La realidad es que hace un mes las Mesas del Congreso y el Senado aprobaron un aumento de gastos de representación para los vicepresidentes, los secretarios y los portavoces adjuntos en las comisiones parlamentarias sin que este acuerdo se diese a conocer.
Hasta ahora, los miembros d...
El portavoz socialista en el Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, y su homóloga del grupo de IU-IC, Rosa Aguilar, acusaron ayer al Gobierno de "chantaje" y "deslealtad", respectivamente, hacia el Parlamento porque, según ellos, ha fliltrado de forma tendenciosa una falsa subida de sueldos de los diputados. La realidad es que hace un mes las Mesas del Congreso y el Senado aprobaron un aumento de gastos de representación para los vicepresidentes, los secretarios y los portavoces adjuntos en las comisiones parlamentarias sin que este acuerdo se diese a conocer.
Hasta ahora, los miembros de las Mesas del Congreso y el Senado y los presidentes de las comisiones tenían una asignación con carácter de gastos protocolarios, en torno a las 200.000 pesetas, sobre los emolumentos que recibe un diputado. A partir del año que viene se quiere que los diputados que ostentan responsabilidades institucionales reciban por su mayor dedicación una cantidad, en concepto de gastos de representación, que se estima en unas 150.000 pesetas para los vicepresidentes y portavoces de las comisiones y en unas 75.000 para los secretarios.El portavoz de la Mesa del Congreso, Josep López de Lerma, negó ayer que se trate de una subida de sueldos y rechazó que haya habido "ocultacíón ni voluntad de ocultar nada" en este terreno, aunque admitió que, cuando ofreció los datos del nuevo presupuesto del Congreso, no entró "en detalle" porque "falta pormenorizar" cómo se aplicarán estos incrementos por representación.
Sin embargo, la oposición afirma que la información publicada el domingo por El Mundo, además de falsa, responde en su planteamiento a una filtración interesada del Gobierno para neutralizar las críticas a la subida que contemplan los presupuestos generales para los secretarios de Estado, como complemento de productividad, para compensarles las pérdidas que sufren por dejar de ser miembros de consejos de administración de empresas públicas que se han privatizado.
No ceder a las presiones
Eguiagaray aseguró que no quiere, "por ahora", desvelar más datos, pero añadió que le consta "fehacientemente la conexión" entre un asunto y otro.Aguilar, en nombre de IU, declaró que tenían "sospechas muy fundadas" de que el Gobierno ha puesto en marcha una operación "para presionar al Congreso" a fin de que acepte la subida de retribuciones de los secretarios de Estado y para ello ha difundido la información de los incrementos para diputados y senadores con responsabilidades institucionales.
Eguiagaray afirmó también que no cederán a las presiones del Gobierno y que seguirán "criticando con uñas y dientes las subidas de los secretarios de Estado por la vía del llamado complemento de productividad". "El PSOU, dijo, "no dejará de oponerse a que se produzca la subida de más de un 30% para los secretarios de Estado". "No aceptaremos", añadió, "que la polémica se sitúe como moneda de cambio" de una iniciativa de la Mesa del Congreso negociada con todos los grupos para tratar de dignificar la función parlamentaria.
Aguilar fue igual de contundente al asegurar que su grupo "no se dejará chantajear por el Gobierno" y que "eso debe tenerlo claro el Ejecutivo".
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, negó cualquier intervención del Gobierno en este asunto e ironizó al afirmar que el Ejecutivo no aprueba los presupuestos del Congreso y, sin embargo, el Congreso aprueba los que le envía el Ejecutivo. Según él, "una decisión de la Mesa adoptada hace casi un mes es impensable que se pueda imputar al Gobierno".
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