El Partido Comunista Chino se enfrenta al reto de la reforma política en el primer congreso sin Deng
El Partido Comunista Chino (PCCh) inicia hoy, de forma oficial, la era pos-Deng Xiaoping. El XV Congreso, que comienza con el informe del secretario general, Jiang Zemin, deberá responder a tres preguntas esenciales: el poder real del actual líder y su capacidad de arroparse con hombres de su confianza, el grado de apertura política y hasta dónde llegará el proceso de privatización de las empresas estatales -contemplado esta vez de manera firme-, pero que puede poner en peligro la estabilidad social y los fundamentos del "socialismo con características chinas" de Deng.Nadie duda de que Jia...
El Partido Comunista Chino (PCCh) inicia hoy, de forma oficial, la era pos-Deng Xiaoping. El XV Congreso, que comienza con el informe del secretario general, Jiang Zemin, deberá responder a tres preguntas esenciales: el poder real del actual líder y su capacidad de arroparse con hombres de su confianza, el grado de apertura política y hasta dónde llegará el proceso de privatización de las empresas estatales -contemplado esta vez de manera firme-, pero que puede poner en peligro la estabilidad social y los fundamentos del "socialismo con características chinas" de Deng.Nadie duda de que Jiang será reelegido como secretario general del partido, cargo que ostenta desde 1989, pero en la víspera de la cita no parecen tan resueltas muchas de las cuestiones que hace apenas unas semanas se daban por zanjadas, como por ejemplo el ascenso de nuevos hombres de su confianza al ejecutivo del partido, el llamado Comité Permanente del Politburó, integrado hasta ahora por siete dirigentes y que se rumorea que puede ser ampliado a nueve. "Los últimos dos congresos tuvieron una enorme importancia, pero éste puede tener una trascendencia mayor", opina un diplomático europeo.
Rejuvenecimiento de cuadros
El XIII congreso, celebrado en 1987, significó el impulso de la reforma económica y el rejuvenecimiento de los cuadros dirigentes, incluido el abandono de casi todos los cargos del anciano líder fallecido en febrero; el XIV, por contra, que tuvo lugar en 1992, se desarrolló bajo el trauma aún reciente de los sucesos de Tiananmen, en 1989, y marcó el lanzamiento del desarrollismo, causante luego de un fuerte desequilibrio inflacionista sobre la apertura política.
"El partido concede gran importancia a la reforma política. Además de seguir profundizando en la económica, es necesario continuar y avanzar en la modernización del sistema político", explicó ayer Xu Guangchun, portavoz oficial del congreso. Pero el funcionario se detuvo allí y no entró a pormenorizar qué medidas serán aprobadas por los 2.048 delegados durante los siete días de trabajo.
En las últimas tres semanas se han escuchado voces de intelectuales del partido defensores de que la reforma política vaya a la par que la económica, idea ésta que ya sostenía antes de su defenestración, a raíz de Tiananmen, el ex secretario general Zhao Ziyang. Y otros académicos de cierto nivel han hablado lisa y llanamente de modificar la Constitución del país con objeto de que el, Ejecutivo y el Legislativo puedan ser elegidos democráticamente.
Lo que sí ha sido ya anunciado es que los delegados aprobarán una serie de enmiendas para reformar los estatutos del PPCh. Los observadores creen que serán basadas, en gran parte, en un reglamento para castigar con mayor severidad la corrupción, que sigue siendo rampante. A nadie se le escapa el efecto psicológico que ha tenido en vísperas del cónclave el anuncio a bombo y platillo de la expulsión de militancia, así como procesamiento y eventual condena a la pena capital del que fuera hasta 1995 secretario general provincial y ex alcalde de Pekín, Chen Xitong, involucrado en uno de los mayores escándalos financieros de las últimas dos décadas.
El pleno del Comité Central, que ha tenido lugar antes del congreso, ha revelado que lo que parecía bien atado para Jiang Zemin no lo está tanto. Hay luchas entre los reformistas y los ortodoxos conservadores, mal llamados izquierdistas, por el reparto del poder.
Asimismo, será interesante conocer en qué se resumirá la reforma del sector público, algo que que parece ya inaplazable: más de 100.000 empresas estatales, de las cuales más de la mitad en quiebra o semiquiebra, donde trabajan más de 100 millones de personas y cuya privatización suscita la resistencia del núcleo duro.