Los Socialistas juzgados por Filesa culpan al administrador y éste se acoge al silencio

El senador Josep Maria Sala, el ex diputado socialista Carlos Navarro y Alberto Flores, Fundadores del holding de empresas de Filesa, negaron ayer haber formado parte de una trama para la financiación ilegal del PSOE y centraron la responsabilidad de la gestión en el administrador de las mismas, Luis Oliveró Capellades, quien, ante la sorpresa generalizada, se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio. Todos los acusados se negaron a contestar a las preguntas del abogado del PP Juan Ramón Montero Estévez, que tuvo que pechar con su deslucido papel de acusador sin escrito de acusaci...

El senador Josep Maria Sala, el ex diputado socialista Carlos Navarro y Alberto Flores, Fundadores del holding de empresas de Filesa, negaron ayer haber formado parte de una trama para la financiación ilegal del PSOE y centraron la responsabilidad de la gestión en el administrador de las mismas, Luis Oliveró Capellades, quien, ante la sorpresa generalizada, se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio. Todos los acusados se negaron a contestar a las preguntas del abogado del PP Juan Ramón Montero Estévez, que tuvo que pechar con su deslucido papel de acusador sin escrito de acusación.

El caso Filesa, uno de los principales argumentos informativos de los últimos seis años, fue seguido en directo por menos de una veintena de personas, entre público y periodistas, ya que éstos prefirieron mayoritariamente el sonido que llegaba a la sala de prensa que la incómoda solemnidad del salón de plenos del Supremo.La jornada tuvo como común denominador la negativa de tres de los principales acusados -Sala, Navarro y Flores, propietario del 60% de las acciones del holding- a aceptar las imputaciones de haber montado un sistema de empresas para canalizar recursos financieros al PSOE mediante el cobro de facturas a bancos y empresas públicas por trabajos inexistentes.

En síntesis, el senador Josep Maria Sala dijo que tras comprar Time Export se desentendió del negocio y lo dejó en manos de Carlos Navarro. Éste dijo que lo cedió a su tío Luis Oliveró y residenció en éste la responsabilidad de "sus propios negocios Alberto Flores, pese a ostentar formalmente el 60% de las acciones del holding, dijo ser en realidad un empleado al que Oliveró pagaba 200.000 pesetas por ser su representante en Madrid. Y Oliveró, el blanco de todas las miradas, se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio y no quiso declarar.

Al inicio de los interrogatorios, Josep Maria Sala afirmó que no planificó ninguna trama de financiación ilegal del PSC ni del PSOE y que su participación en la creación del holding se limitó a la compra de la sociedad Time Export para aprovechar sus céntricos locales en Barcelona con vistas a reunir material del archivo histórico del socialismo disperso en manos de particulares.

Sala y Navarro, secretario de finanzas del PSC, adquirieron cada uno el 50% de las acciones de Time Export, sociedad que les vendió un amigo de Sala, Carles Ponsa. Poco después, como a Sala le dijeron que el propietario del local podría subir el precio del alquiler si la empresa cambiaba de actividad dejó de interesarle el asunto y se desentendió: "Para mí pasó a ser un tema de muy poca atención y muy poco interés", afirmó el, senador.

El fiscal Antonio Salinas introdujo su propia versión de los hechos: "¿No es más cierto que el local se compró como centro para la financiación del PSOE?". "Eso en absoluto es cierto. Mi interés en la compra de la empresa era estrictamente por el local", replicó Sala.

El senador se atrincheró en ese argumento a partir del cual negó toda participación en la gestión del holding. Así, Sala dijo desconocer que tras la venta de Time Export -al precio de una peseta por acción- se hubiese compensado a Carles Ponsa con el importe de una factura de 8,4 millones de pesetas girada por Time Export a Catalana de Gas.

También negó haber tenido conocimiento de la constitución de Malesa y Filesa, el 11 de febrero de 1988, con capital procedente en ambos casos de Time Export. Respecto al hecho de que apareciese su firma en un talón del PSC-PSOE de tres millones de pesetas -firmado también por Carlos Navarro- que fue a parar a Oliveró y a otro administrador de Time Export, Francesc Fajula, Sala indicó que por norma en el partido cada talón debía llevar dos firmas. La suya fue, según dijo, una "firma de validación", aunque ignoraba el destino del cheque. En noviembre de 1988 vendió sus acciones y dejó Time Export en manos de Carlos Navarro y el tío de éste, Luis Oliveró.

Marcos García Montes, acusador en nombre del empresario José Maria Ruiz Mateos, agrandó la brecha de ambigüedades entre las que se movió en todo momento el senador Sala. ¿Usted tenía el 50% de una sociedady no sabía nada de lo que pasaba, ni quién había, ni nada de nada?.

En la sesión de tarde, el ex diputado Carlos Navarro aseguró a preguntas de su abogado, el catedrático Horario Oliva, que "nunca" le ha tocado "pasar el platillo", en referencia a la presunta finaciación ilegal.

"Una opción personal"

Navarro confirmó la versión de Sala en la compra de Time Export, aunque en su caso lo hizo como "una opción personal" por razones mercantiles. Después, como no le interesó la actividad de, la sociedad, la traspasó a su tío Luis Oliveró. "Desde que le ofrecí la dirección a mi familiar, él hizo sus propios negocios". "No es un exceso que un administrador busque el beneficio de su empresa", apostilló.

En consecuencia, Navarro insistió en que no era cierto que él fuese quien dirigió el holding Filesa y negó reiteradamente haber ordenado a Oliveró que emitiese facturas millonarias por la confección de informes técnicos, dinero que según el fiscal sirvió para financiar al PSOE.

El ex diputado plantó cara al fiscal y le replicó con mucha mayor contundencia que los. otros inculpados, lo que motivó que el fiscal se perdiese en extensas introducciones y circunloquios. Preguntado si no era cierto que la sociedad FOCSA pagó seis facturas por 106 millones de pesetas por cuatro concursos públicos de la línea férrea Madrid-Sevilla, Navarro aseguró desconocerlo. También dijo no saber nada de facturas por 156 millones giradas al BBV, ni otras al Banco Central y Cepsa. Asimismo, negó cualquier pago en relación con la sede del PSOE en la calle Gobelas. A preguntas de su defensor, Horacio Oliva, Navarro dijo que no tuvo nunca responsabilidad en las finanzas del PSOE, aunque en el PSC la tuvo entre 1980 y 1990; insistió en que ni redactó, ni ordenó ni ideó un sistema de facturas por informes inexistentes.