Más sobre el vestuario de los objetores
Tras haber leído cartas escritas y enviadas a esta sección por José Vicente Rodríguez y Pablo Strubell hemos decidido realizar una serie de puntualizaciones respecto de ambas que esperamos sirvan para arrojar luz sobre el tema del vestuario de los objetores de conciencia.En principio, coincidimos indudablemente con José Vicente en que de esta ayuda para vestuario se ha realizado un uso incorrecto por muchos objetores de conciencia, quizá escasa. No obstante, si ésa ha sido la razón por la cual doña Margarita Mariscal de Gante ha decidido cortar por lo sano, podríamos seguir planteando la desap...
Tras haber leído cartas escritas y enviadas a esta sección por José Vicente Rodríguez y Pablo Strubell hemos decidido realizar una serie de puntualizaciones respecto de ambas que esperamos sirvan para arrojar luz sobre el tema del vestuario de los objetores de conciencia.En principio, coincidimos indudablemente con José Vicente en que de esta ayuda para vestuario se ha realizado un uso incorrecto por muchos objetores de conciencia, quizá escasa. No obstante, si ésa ha sido la razón por la cual doña Margarita Mariscal de Gante ha decidido cortar por lo sano, podríamos seguir planteando la desaparición de otro tipo de instituciones incluso básicas para el Estado social consagrado en la Constitución. Pensemos en el actual sistema de becas, en las prestaciones por desempleo, en las pensiones..., donde indudablemente también se producen ese tipo de "apropiaciones indebidas" de las que hablaba este lector en Precisiones.
No obstante, en realidad, en el anterior artículo que enviamos a este diario, nosotros ni entrábamos ni salíamos en la moralidad o en la legalidad de la orden de 26 de julio de 1996 (página 23683, BOE número 184, de 31 de julio del mismo año). Nosotros denunciábamos la "discriminación manifiesta" que hemos sufrido los objetores que no recibimos el vale de vestuario y que nos incorporamos a nuestro puesto con anterioridad al 1 de agosto del pasado año. Porque, contrariamente a lo que señala Pablo Strubell en su carta, esta citada orden, como proclama en su disposición primera, resulta de aplicación a los objetores que se incorporaron con posterioridad a su entrada en vigor (que se produjo el pasado 1 de agosto) y, por tanto, "es irretroactiva".
De ahí que sigamos preguntándonos a cuánto asciende el montante total de esta actuación irreconciliable con el principio de legalidad rector de la actuación de la Administración pública, diseñada por la actual ministra de Justicia; invitando expresamente a los partidos de la oposición y a los distintos medios de comunicación a llevar a cabo una investigación acerca de los millones (¿miles?) que nos adeudan a los muchísimos objetores realmente indefensos y, con la inestimable ayuda del prescindible servicio de información (¿?) de la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia, desinformados.-