El Gobierno pretende limitar por ley al 10% la cesión obligatoria de suelo a los ayuntamientos

Los propietarios de suelo tendrán la obligación de ceder a los ayuntamientos hasta un máximo del 10% del terreno en el que pretendan construir, según se recoge en el borrador de proyecto de ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (Ley del Suelo). El proyecto, que el Gobierno tiene previsto aprobar este mes, diferencia entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable y establece que las expropiaciones se harán a precio de mercado.a aprobación en esos términos va a suponer una fuerte polémica, ya que algunas comunidades autónomas -caso del País Vasco- han establecido el 15% de cesión. Además,...

Los propietarios de suelo tendrán la obligación de ceder a los ayuntamientos hasta un máximo del 10% del terreno en el que pretendan construir, según se recoge en el borrador de proyecto de ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (Ley del Suelo). El proyecto, que el Gobierno tiene previsto aprobar este mes, diferencia entre suelo urbano, urbanizable y no urbanizable y establece que las expropiaciones se harán a precio de mercado.a aprobación en esos términos va a suponer una fuerte polémica, ya que algunas comunidades autónomas -caso del País Vasco- han establecido el 15% de cesión. Además, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional daba la potestad a éstas sobre el Gobierno central en materia legislativa.

El PSOE sostiene que ese límite puede ir en contra de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que deja en manos de las comunidades autónomas el establecimiento del porcentaje de cesión. Fomento sostiene que se respeta la sentencia, dado que el borrador establece un máximo y no un porcentaje concreto. Con el texto elaborado por el Ministerio de Fomento en la mano, analizado ayer por la Comisión de subsecretarios, las comunidades autónomas podrán fijar una proporción inferior, hasta el 0%, pero nunca superior al 10%.Esta norma tiene como objetivo establecer un marco general sobre el mercado del terreno urbano o urbanizable, dado que el detalle, el desarrollo, debe quedar en manos de los órganos legislativos de las comunidades autónomas, tal y como sancionó el Tribunal Constitucional en una sentencia dictada el pasado 20 de marzo. La sentencia anuló gran parte de la regulación legal vigente sobre el suelo.

Polémica jurídica y política

El texto establece, en el artículo 18, que los propietarios de terrenos urbanizables deberán "ceder obligatoria y gratuitamente el suelo correspondiente al porcentaje del aprovechamiento del sector o ámbito que establezca la legislación urbanística, que no podrá ser superior al l0%". Si las comunidades autónomas no fijan un porcentaje, el proyecto prevé que la cesión en dicha comunidad se fije en el 10%, según se recoge en una disposición transitoria: "Al suelo urbanizable programado, apto para urbanizar y urbanizable no programado se les aplicará el régimen establecido en esta Ley para suelo urbanizable, con la particularidad de que el aprovechamiento que corresponda a los propietarios, en tanto no se haya establecido por la legislación urbanística el porcentaje aplicable, será el 90% del correspondiente al citado ámbito".Esta limitación al 10% como máximo de la cesión obligatoria provocará, con toda probabilidad, un largo debate político y jurídico. La sentencia del Constitucional dictaminó que deben ser las comunidades autónomas las que fijen la proporción de cesión obligatoria, aunque, según unas interpretaciones, dejó abierta la posibilidad de que se establezcan límites. Algunos expertos constitucionalistas sostienen esta tesis, "porque la sentencia dejó un resquicio que da lugar a esa interpretación". Otros han subrayado que la sentencia deja claro que lo único que puede establecerse "es el mínimo de aprovechamiento, pero no el máximo de cesión". En cualquier caso, pronostican que la polémica va a dar lugar a que el asunto vuelva al Tribunal Constitucional y que éste se tenga que pronunciar de nuevo. Una de las fuentes consultadas apunta que el Gobierno lo que hace es "insistir en una medida económica de carácter estructural" ya decidida.

El director general de la Vivienda, Fernando Nasarre, se ciñe a la primera interpretación: "El texto respeta la sentencia del Constitucional, porque no se fija una cantidad concreta de cesión, sino una horquilla, que va del 0% al l0%".

La lectura que hace el PSOE de la horquilla que defiende Fomento es radicalmente distinta. "Si la fórmula finalmente elegida es ésa, podría ser inconstitucional, puesto que indirectamente está obligando a las comunidades y los ayuntamientos a optar casi necesariamente por el 10%", argumentan fuentes socialistas.El tope del 10% es, precisamente, el que está apoyando el PP en las comunidades en las que gobierna. El PSOE, por el contrario, impulsa en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extrema dura normas para que la cesión en estas comunidades sea del 15%, como decía la ley vigente hasta la fecha. Una proporción por la ya ha optado Euskadi, donde gobiernan PNV, PSE PSOE y Eusko Alkartasuna.

El Grupo Socialista acaba de remitir al Congreso una proposición para que se derogue la ley de Medidas Liberalizadoras en Materia de Suelo y Colegios Profesionales que recoge la reducción del 15% al 10% de la cesión obligatoria. Por ello, lo previsible es que las comunidades autónomas regidas por los socialistas presenten recurso de inconstitucionalidad.