La familia de Lucía Urigoitia recurre la negativa del juez a nuevas pruebas
Iñigo Iruin, el abogado de la familia de Lucía Urigoitia -la activista de ETA que murió el 22 de julio de 1987 en Pasaia (Guipúzcoa) en un tiroteo con la Guardia Civil- ha presentado un recurso contra el auto del juez Justo Rodríguez en el que se niegan varias pruebas de investigación. En su recurso contra la resolución judicial, Iruin sostiene que existe una evidente contradicción entre el informe del Gabinete de Balística que realizó la Policía Nacional y la versión de los hechos facilitada por los agentes que participaron en la operación. Los guardias civiles que tomaron parte en el tiroteo...
Iñigo Iruin, el abogado de la familia de Lucía Urigoitia -la activista de ETA que murió el 22 de julio de 1987 en Pasaia (Guipúzcoa) en un tiroteo con la Guardia Civil- ha presentado un recurso contra el auto del juez Justo Rodríguez en el que se niegan varias pruebas de investigación. En su recurso contra la resolución judicial, Iruin sostiene que existe una evidente contradicción entre el informe del Gabinete de Balística que realizó la Policía Nacional y la versión de los hechos facilitada por los agentes que participaron en la operación. Los guardias civiles que tomaron parte en el tiroteo, declararon en 1987 ante el juez instructor que en la vivienda se realizaron cinco disparos y, sin embargo, los expertos analizaron seis casquillos.Esta contradicción, según Iruin, avala la tesis de la manipulación de las pruebas periciales puesta de manifiesto en el documento interno del Cesid, desclasificado recientemente por el Gobierno, que daba cuenta de la sustitución de casquillos y de elementos del arma que portaba la activista de ETA.
El juez de San Sebastián Justo Rodríguez dictó una resolución judicial la pasada semana en la que imputaba al ex ministro José Barrionuevo en el caso Urigoitia. El magistrado entiende que Barrionuevo, como máximo responsable de Interior, "debía conocer o estar al corriente" de la supuesta manipulación de pruebas. Justo Rodríguez trasladó el caso al Tribunal Supremo ya que el ex ministro Barrionuevo es diputado del PSOE.
Ni el fiscal Luis Navajas ni el abogado de la familia Urigoitia han recurrido la inhibición en favor del Supremo. Sin embargo, la defensa de los guardias civiles que intervinieron en la operación sí ha recurrido que las diligencias se remitan al Supremo para tomar declaración a Barrionuevo al considerar que los documentos del Cesid ahora desclasificados estuvieron algún tiempo fuera de este organismo y pudieron ser manipulados.
El caso Urigoitia, archivado en 1990, fue reabierto en 1995 a raíz de unas informaciones en las que se aludía a la manipulación de pruebas judiciales.