La privatización a medias de la sanidad británica no funciona, según un estudio

La ruta hacia la privatización del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido parece estos días lenta, pero inexorable. Medio siglo después de su fundación, tanto el actual Gobierno conservador como los aspirantes laboristas en la oposición son partidarios de aumentar la inversión privada en la sanidad pública. Pero hasta ahora, las iniciativas de esta clase promovidas por la Administración han fracasado, según un informe encargado por el Instituto Británico para la Gerencia de los Servicios Sanitarios.

El informe indica que las empresas temen que su desembolso supere posibles benefic...

La ruta hacia la privatización del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido parece estos días lenta, pero inexorable. Medio siglo después de su fundación, tanto el actual Gobierno conservador como los aspirantes laboristas en la oposición son partidarios de aumentar la inversión privada en la sanidad pública. Pero hasta ahora, las iniciativas de esta clase promovidas por la Administración han fracasado, según un informe encargado por el Instituto Británico para la Gerencia de los Servicios Sanitarios.

El informe indica que las empresas temen que su desembolso supere posibles beneficios. La propuesta de privatizar los hospitales públicos británicos no es nueva. Desde 1991 ha habido constantes negativas oficiales, pero los responsables de centros médicos reconocen ya que puede ser inevitable. Recortes de ayudas públicas de hasta una 22% para levantar nuevos edificios, entre 1994 y 1999, son admitidos por conservadores y laboristas. También están previstos ahorros en los costes de la propia gerencia interna del servicio, a corto y largo plazo.Sin embargo, todos los intentos de sustituir dichos fondos perdidos con capital externo han sido inútiles hasta la fecha. El más concreto, bautizado en 1992 por el Gobierno como Iniciativa Financiera Privada, faculta a cualquier compañía a diseñar y construir hospitales y llevar su mantenimiento y limpieza. El inmueble es arrendado luego ' al Servicio Nacional de Salud, que se encarga del capítulo médico y sanitario. Más de 50 proyectos han sido aprobados y otro centenar está en estudio, pero ninguno ha recibido luz verde.

Reparto de tareas

Según el informe, los responsables de la propia sanidad pública no se ponen de acuerdo en cómo repartir bien las tareas. Racionalizar futuras necesidades sanitarias es también difícil, y de ahí que los posibles inversores consideren los riesgos demasiado grandes. En el fondo, a nadie parece ocultársele que una privatización parcial es difícil y no tiene demasiados visos de triunfar. Si una firma se compromete a construir y gestionar los hospitales que el sector público precisa, no resulta descabellado pensar que desee participar luego en los consejos de administración con todas sus consecuencias. De este modo, la atención médica seguiría siendo gratuita, pero especialistas y enfermeras trabajarían a las órdenes de entidades particulares.

Según otro estudio, de investigadores del hospital Saint George, uno de los riesgos de la privatización es que las fundaciones que rigen los hospitales públicos se lancen a recortar el número de camas disponibles para rentabilizar las iniciativas particulares. "Con ello, el rendimiento derivado del cuidado de los pacientes debería incrementar de forma absurda para compensar la falta de sitio en una sanidad menguante", sugiere el trabajo, publicado en el Britihs Medical JournaL

"Hay una lógica imperturbable tras la iniciativa privada. El empresario querrá tener más poder de decisión de los centros para proteger su inversión, y ello acabará repercutiendo en el nombramiento de médicos y gerentes. Si su trabajo no es considerado adecuado, pueden ser despedidos. Al final sólo aumentará la privatización misrna", ha dicho a The Independent el experto Chris Ham.

En España, 500 compromisarios participantes en el V Congreso Estatal del Sindicato de Enfermería (SATSE), celebrado en Zaragoza, anunciaron ayer su intención "de oponerse con un conflicto a cualquier medida que signifique la desintegración del Sistema Nacional de Salud y del personal sanitario", informa Efe.

Víctor Aznar, secretario general de SATSE, dijo: "No puede pretenderse que se cumplan los requisitos de la moneda única impuesta por Maastricht a costa de desintegrar un sistema sanitario público que tan buenos resultados ofrece".