Tribuna:

De la misma madera

Las sanciones acordadas el pasado jueves por el fiscal general del Estado contra cuatro fiscales de la Audiencia Nacional, sometidos a expediente disciplinario tras los correspondientes informes de los servicios de inspección, han dejado insatisfechos a tirios y a troyanos; hasta Juan Ortiz Úrculo confesaba el pasado domingo a una piadosa periodista sus escrúpulos de conciencia por la decisión adoptada y ofrece ahora a los afectados el cumplimiento a la carta de las sanciones. El Consejo Fiscal -consultado sin carácter vinculante- había recomendado unánimente un castigo más severo, acor...

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Las sanciones acordadas el pasado jueves por el fiscal general del Estado contra cuatro fiscales de la Audiencia Nacional, sometidos a expediente disciplinario tras los correspondientes informes de los servicios de inspección, han dejado insatisfechos a tirios y a troyanos; hasta Juan Ortiz Úrculo confesaba el pasado domingo a una piadosa periodista sus escrúpulos de conciencia por la decisión adoptada y ofrece ahora a los afectados el cumplimiento a la carta de las sanciones. El Consejo Fiscal -consultado sin carácter vinculante- había recomendado unánimente un castigo más severo, acorde con las propuestas del instructor; las dos asociaciones de fiscales (una conservadora y otra progresista) también criticaron la lenidad del castigo. En contraste con la benevolencia aplicada a los expedientados, el fiscal general del Estado no había vacilado meses antes en ordenar el traslado de José Aranda, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional que fue víctima de los impertinentes desplantes de estos cuatro fiscales teóricamente sometidos -según la Constitución- a "los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica".Conscientes de que no hay peor cuña que la de la misma madera, algunos de los sancionados trataron de organizar una protesta corporativa; Ignacio Gordillo (suspendido un mes de empleo y sueldo) hizo público su propósito de abandonar la Audiencia Nacional en solidaridad con María Dolores Márquez de Prado (castigada con el traslado forzoso) y anunció la futura renuncia de sus compañeros Eduardo Fungairiño y Pedro Rubira (sancionados sólo con una multa). El tono provocativo del gesto -orientado a intimidar a la ministra de Justicia ya forzar al Gobierno a levantar o suavizar las sanciones- era tan evidente que la fiscal Márquez de Prado se vio obligada anteayer a desautorizar el conato de algarada con una nota pública.

Superando las barreras del sentido del ridículo y de la vergüenza ajena, los cuatro fiscales aceptaron complacidos en su día el rótulo de los indomables, asociado a la lucha contra el crimen organizado de Al Capone emprendida por los incorruptibles policías de Eliot Ness en el Chicago de la Ley Seca; los adulatorios piropos derramados sobre los indomables por los diarios Abc y El Mundo y por la Radio de los Obispos suenan casi tan impúdicos como los ruborizantes elogios propinados al juez Gómez de Liaño por los mismos columnistas y tertulianos. No faltan motivos para agradecer a la Fiscalía de la Audiencia Nacional su valiente papel en la persecución del terrorismo, una firme actitud que le costó la vida a Carmen Tagle; sin embargo, los fiscales sancionados comparten esos méritos con sus compañeros del ministerio público y con los magistrados que instruyen y juzgan esos delitos. Por lo demás, el inconvincente argumento según el cual la deuda de la sociedad española con los fiscales amenazados por ETA les habría facilitado un cheque en blanco para cualquier abuso de autoridad fue ya manejado con idéntica sinrazón por los defensores de Barrionuevo, Vera y Rodríguez Galindo.

En realidad, la historia de los indomables comenzó con las interferencias producidas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por los sumarios relacionados con las nuevas formas de delincuencia económica. En su libro Vendetta (Plaza y Janés, 1996, capítulo 20), Ernesto Ekáizer narra el enfado bíblico de María Dolores Márquez de Prado con José Aranda después de que el fiscal jefe presentase la querella contra Mario Conde en el caso Banesto sin dársela a conocer al resto de los fiscales, a fin de prevenir eventuales filtraciones; poco después de ese desagradable choque, Javier Gómez de Liaño (entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial) criticaría a José Aranda por haber interpuesto esa querella -condenada al fracaso, según su criterio- a espaldas de María Dolores Márquez de Prado y de sus compañeros: "Has cometido un grave error, Pepe. Has perdido la confianza de la Fiscalía".

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