Alcalá, Getafe y Humanes, en la "lista negra" del delegado del Gobierno

La Delegación del Gobierno en Madrid afila sus armas legales contra otros tres ayuntamientos de la región que se saltaron la congelación salarial impuesta por el Gobierno de José María Aznar. Si esta semana es el de Alcorcón (142.000 habitantes) el que se ha encontrado con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia por subir el sueldo a sus 900 funcionarios, el próximo lunes correrán idéntica suerte, de no mediar rectificación, los de Alcalá de Henares (163.300 vecinos), Getafe (143.000) y Humanes de Madrid (8.400).Todos estos casos presentan sus singularidades...

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La Delegación del Gobierno en Madrid afila sus armas legales contra otros tres ayuntamientos de la región que se saltaron la congelación salarial impuesta por el Gobierno de José María Aznar. Si esta semana es el de Alcorcón (142.000 habitantes) el que se ha encontrado con un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia por subir el sueldo a sus 900 funcionarios, el próximo lunes correrán idéntica suerte, de no mediar rectificación, los de Alcalá de Henares (163.300 vecinos), Getafe (143.000) y Humanes de Madrid (8.400).Todos estos casos presentan sus singularidades: el de Alcalá, puesto que gobierna el propio PP; el de Humanes, porque contraviene la Ley de Presupuestos hasta en tres artículos de su convenio. Lo de Getafe tiene aún más miga: aprobó una subida del 5,1%, pero no la ha aplicado.

Pedro Núñez Morgades, delegado del Gobierno, se apresuro ayer a hablar con la Federación Madrileña de Municipios y los responsables políticos que permanecen en la capital (Pío García Escudero, del PP; Jorge Gómez, del PSOE y Angel Pérez, de IU) para informarles de su actuación. "Siempre hemos obrado con la máxima cautela hacia la autonomía municipal. Comprendo que ahora se perciba cierto morbo, pero me limito al cumplimiento de la ley", dijo.

El Gobierno ve difícil recurrir las subidas de policías, bomberos y EMT, en la capital

El alcalde accidental de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, anunció ayer que su Ayuntamiento no va a suspender la aplicación del convenio colectivo aprobado el pasado 18 de diciembre y en el que se recoge una subida Salarial del 2,85%. Enrique Cascallana adelantó que se desestimará la petición de suspensión cautelar del convenio colectivo que ha tramitado la. Delegación de Gobierno. Los responsables municipales esperarán a que haya una sentencia firme de los tribunales. El alcalde accidental recordó que el acuerdo laboral fue aprobado antes de que entrara en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado.Entre las administraciones sobre las que se cierne ahora la amenaza de la denuncia judicial está una del PP, la de Alcalá. El portavoz popular en la localidad, Javier Zurdo, prefirió no darse por enterado. "No tenemos constancia de ningún recurso", apuntó ayer.

El alcalde de Humanes, Adolfo Álvarez (PSOE), prometió a Núñez Morgades que reconsideraría su actitud, pero luego dijo a Efe que sus trabajadores no iban a perder poder adquisitivo: "Cobrarán por otros conceptos". El incumplimiento de la consigna de congelación para los funcionarios de Humanes es triple, ya que se ha aplicado a cada trabajador una cláusula de revisión salarial del 2,75%, un plus extra de 9.000 pesetas y se extienden las pagas extraordinarias a todos los conceptos.

Pedro Núñez Morgades aprovechó su frenética mañana de ayer para lanzar a los alcaldes díscolos un nueva reflexión. "Deben tener en cuenta que si el tribunal nos da la razón, sus trabajadores pueden verse en la tesitura de tener que devolver el dinero que cobraron de más", avisó.

En el caso de Getafe, su alcalde en funciones, Gregorio Gordo (IU), insistió ayer en que el acuerdo con los sindicatos "está para cuniplirlo". Sin embargo, las nóminas, de los 1.200 empleados públicos de esta ciudad siguen igual que el año pasado. El concejal de Personal, César Suárez, es más explícito. "La subida no se ha pagado ni se tiene previsto pagarla", confesó, "porque, aunque nuestro deseo es cumplir el convenio, también estamos obligados a cumplir' la ley'.

Así pues, Getafe se enfrenta con una impugnación de un convenio supuestamente ilegal y de cuyos contenidos, además, no se están beneficiando sus funcionarios.

En otros casos, los abogados del Estado no ven claro cómo hacer frente a determinadas artimañas que suponen, en la práctica, una mejora retributiva. Es el caso del incremento salarial del que ya se benefician los 5.600 empleados de la EMT en Madrid. Este colectivo recibe una "gratificación por productividad" -en concreto, por cumplir el "objetivo global" de hacer 97,5 millones de kilómetros en 1997-. Por este concepto, casualmente, ya se está cobrando desde febrero lo mismo que el IPC previsto, un 2,6% más. "Estamos hablando de una empresa o, más exactamente, de un consorcio. Recurrir aquí se presenta más dificiP, apuntaron ayer en la Delegación.

Tampoco se presenta sencilla la respuesta gubernamental al acuerdo que ha alcanzado la Casa de la Villa con sus 5.500 policías municipales y con sus 1.400 bomberos: a los primeros, el Ayuntamiento les ha ofrecido 102.000 pesetas más al año a cambio de renunciar a seis de los 15 días libres especiales. A los segundos, entre otras cosas, 114.000 pesetas a cambio de dos guardias más. "Estudiaremos estos dos convenios", responden en la Delegación.

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