Chirac intenta proteger la presunción de inocencia de los polítícos acusados de corrupción
El presidente francés, Jacques Chirac, ha encargado a una comisión de expertos una reforma judicial con el objetivo de que se espeten tanto la presunción de inocencia e los acusados como el secreto del sumario, sin vulnerar el derecho a la información pública. Algo muy difícil cuando los encausados son políticos, grandes empresarios o personajes populares. Entre sospechas de que la reforma constituya simplemente un intento de silenciar, a poco más de un año de las elecciones generales, los sumarios abiertos contra más de 100 políticos y la potencialmente explosiva investigación judicial sobre ...
El presidente francés, Jacques Chirac, ha encargado a una comisión de expertos una reforma judicial con el objetivo de que se espeten tanto la presunción de inocencia e los acusados como el secreto del sumario, sin vulnerar el derecho a la información pública. Algo muy difícil cuando los encausados son políticos, grandes empresarios o personajes populares. Entre sospechas de que la reforma constituya simplemente un intento de silenciar, a poco más de un año de las elecciones generales, los sumarios abiertos contra más de 100 políticos y la potencialmente explosiva investigación judicial sobre las finanzas gaullistas, la comisión inició el martes sus deliberaciones.
Esta comisión tiene el propósito de acabar a mediados de julio y de mantener en estricto secreto las deliberaciones.La justicia era, hasta ahora, un asunto que parecía importar poco a Chirac. Ni en su campaña electoral ni en su primer año como presidente habló de la necesidad de acometer una reforma profunda. De repente, la reforma de los tribunales se ha convertido en el segundo gran proyecto de su mandato, tras la profésionalización del Ejército iniciada el pasado año.
Los franceses, dice Chirac, opinan que la justicia es "demasiado lenta, a veces demasiado cara y, en definitiva, poco comprensible". A la mejora de la accesibilidad y eficacia del sistema judicial, probablemente por la vía de incrementar el uso de la conciliación previa, el presidente añade las cuestiones de si la Administración de justicia debe ser independiente (en Francia sigue directamente ligada al Gobierno) y de cómo conciliar el secreto sumarial y la presunción de inocencia con el derecho a la información.
Las 20 semanas concedidas a la comisión para afrontar todos estos asuntos constituyen un plazo "un poco corto", según Pierre Truche, presidente del Tribunal de Casación (similar al Supremo español) y, como "`primer magistrado de Francia", presidente de los 21 notables.
Pero, aun así, Truche recordó, al declarar abiertos los trabajos de la comisión, que en plazos aún más breves se habían hecho "obras maestras". Entre los notables, además de juristas, hay dos periodistas (el presidente de la agencia France Presse y el de Reporteros sin Fronteras), dos filósofos, un sociólogo y un economista.
La oposición socialista parece desconcertada ante la iniciativa de Chirac. Tras reaccionar a favor o en contra, según fuera el dirigente consultado, los socialistas han pasado a afirmar que el presidente les ha robado la idea. Entre la mayoría conservadora, la acogida ha sido generalmente buena, pero se percibe un importante rechazo a la idea de cortar los vínculos entre los fiscales (que deciden si se abre o no un sumario) y el Ministerio de Justicia.
Numerosos diputados de la derecha, y no pocos de la izquierda, consideran que una justicia libre del control político quedaría "deslegitimada" y que los 200 tribunales de primera instancia se convertirían en reinos de taifas, ajenos a todo intento gubernamental de impulsar una política judicial coherente.
El propio Chirac ha ganado en prudencia: lo que a finales de año era "`cortar el cordón umbilical" entre el Gobierno y la Administración de justicia se define ahora en palabras mucho más moderadas y en verbos condicionales.
En cualquier caso, episodios recientes como el del helicóptero del Himalaya (el envío por parte del Ministerio de Justicia de una expedición helitransportada a las más altas cumbres del mundo para tratar de localizar y repatriar a un fiscal de vacaciones con el fin de que impidiera el procesamiento por su ayudante de la esposa del alcalde gaullista de París) han extendido la opinión de que el Gobierno de Chirac interviene demasiado directamente en los asuntos judiciales que pueden. comprometerle políticamente.
"El derecho de informar es irrenunciable", afirmó ayer el ministro de Justicia, Jacques Toubon, negando categóricamente que el Gobierno quisiera utilizar la reforma judicial para silenciar los casos de corrupción que le afectan. El alcalde de París, Jean Tiberi, se felicitó a su vez por el interés de Chirac en proteger "la presunción de inocencia y la dignidad de las personas".
Tiberi es el hombre clave en el cerco judicial en torno al gaullismo: si es procesado se abrirán al público las cuentas del Ayuntamiento de París y las posibles fuentes de financiación política irregular abiertas por Jacques Chirac, que fue alcalde de la capital francesa hasta su posterior elección como presidente.