Ningún "papel del Cesid" menciona los GAL
Los documentos figuran en el auto con el que Garzón pidió al Gobierno la desclasificación
No todos los papeles del Cesid sobre los GAL son papeles. Algunos son sellos o grabaciones. Muchos no pertenecen al servicio secreto o, al menos, así lo sostiene, el Cesid. Y ninguno menciona expresamente a los GAL. Quienes esperasen encontrar la prueba definitiva sobre el origen de la guerra sucia contra ETA quedarán decepcionados. Los documentos sobre cuya desclasificación debe decidir el Supremo son, en realidad, transcripciones de transcripciones, copias de autenticidad dudosa, fragmentos seleccionados por un antólogo desconocido cuya intencionalidad se ignora.
Los papeles del Cesid...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
No todos los papeles del Cesid sobre los GAL son papeles. Algunos son sellos o grabaciones. Muchos no pertenecen al servicio secreto o, al menos, así lo sostiene, el Cesid. Y ninguno menciona expresamente a los GAL. Quienes esperasen encontrar la prueba definitiva sobre el origen de la guerra sucia contra ETA quedarán decepcionados. Los documentos sobre cuya desclasificación debe decidir el Supremo son, en realidad, transcripciones de transcripciones, copias de autenticidad dudosa, fragmentos seleccionados por un antólogo desconocido cuya intencionalidad se ignora.
Los papeles del Cesid, que El Mundo empezó a publicar ayer -como fruto de una "investigación periodística, desarrollada durante más de un año"- son, aunque con la numeración cambiada, los mismos fragmentos de supuestos documentos secretos que el juez Baltasar Garzón transcribió textualmente en el, auto que el pasado 16 de mayo elevó al Gobierno pidiendo que los desclasificara. EL PAÍS publica hoy en su integridad dicho auto, así como las solicitudes que, por las mismas fechas, presentaron el magistrado Javier Gómez de Liaño instructor del caso Lasa y Zabala, y el juez de San Sebastián Justo Rodríguez, que investiga la muerte de la etarra Lucía Urigoitia. Los jueces conocen, por tanto, los documentos cuya desclasificación reclaman. No piden que se les entreguen, sino que el Gobierno los autentifique. Las transcripciones contenidas en el auto de Garzón se basan, a su vez, en otras transcripciones: las del relato novelado que el juez incautó el pasado 8 de febrero en la celda de Perote de la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). Los documentos que han llegado ahora a la opinión pública, y también a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que debe decidir en breve sobre su desclasificación, son en consecuencia copias de copias.
Documentos fragmentados
Algunas de ellas, han sido incluso fragmentadas. Por ejemplo, el informe del 19 dé diciembre de 1984 sobre actividades desarrolladas por el Cesid en el sur de Francia lo presenta Garzón como dos papeles distintos numerados en el auto como 5e) y 18q), pero no se sabe si esas dos partes completan el documento original o si falta algún párrafo que sería preciso conocer para interpretar el conjunto Otros documentos, como el que Garzón incluye con la referencia 14n), se presentan con puntos suspensivos, lo que lleva razonablemente a pensar que faltan frases, y no se aclara si el juez las conoce, y las omite deliberadamente, o si recibió él mismo una versión incompleta Para comprobarlo, sería. preciso disponer de los originales, que Perote ordenó destruir antes de abandonar el Cesid, en noviembre de 1991. Las microfichas en que se conservan estuvieron en su poder durante dos meses y pudo manipularlas. En algunos casos, de los más relevantes, como las grabaciones de las conversaciones entre el teniente Pedro Gómez Nieto y el general Rodríguez Galindo o el coronel Perote, o el tampón de los GAL, ni siquiera consta que los originales hayan existido nunca, según el Gobierno. La mayoría de los papeles tienen una característica común: fueron redactados por Perote. Se trata, casi siempre, de "notas de despacho" o "notas de trámite interno" dirigidas por el JAOME (Jefe de la Agrupación Operativa de- Misiones Especiales), es decir por Perote, al entonces director general del Cesid, Emilio Alonso Manglano. Los hechos más graves en ellos descritos no se refieren a sucesos que ya se han producido en el momento de redactarlos, sino que van a producirse. Así sucede con el inicio de las acciones violentas en el sur de Francia, del que se avisa en septiembre de 1983. También ocurre con los documentos que diseñan estrategias de futuro como "la desaparición por secuestro.", recomendada en la llamada acta fundacional de los GAL de julio de 1983, o las operaciones de fuerza contra los Comandos Autónomos y la "acción física sobre un objetivo a designar". Todo ello se aconseja en la "hoja de despacho" de 25 de abril de 1984, con referencia 15ñ) en el auto de Garzón, y en el informe sobré actividades en el sur de Francia de 19 de diciembre de 1984, numerado por el juez como 18q). Ya que la guerra sucia contra ETA es una verdad histórica incuestionable cabe preguntarse por qué no se informa en ningún documento de atentados ya cometidos.El auto relaciona continuamente unos documentos con otros, de forma que se apoyen entre sí y que todos juntos adquieran una solidez y contundencia que cada uno aisladamente no tiene. Algunos de los papeles son intrascendentes, como los tres primeros, numerados como 1a), 2b) y 3c).
El papel de Gómez Nieto
En el primero (8-2-83) se describe la baja en el Cesid, con motivo de su ascenso, de los sargentos Felipe Bayo Leal y Pedro Gómez, Nieto; en el segundo, se cita un acuerdo con el director general de la Guardia Civil para que dos sargentos -cuyas identidades no se dan, pero que Garzón supone son los citados- continúen desempeñando las mismas misiones pese a haber dejado el servicio secreto (14-9-83); y el tercero es un informe de Perote sobre -Gómez Nieto en el que, tras relatar su paso por Intxaurrondo desde abril de 1983 a mayo de 1984, dice que "de otras actividades que haya podido realizar no hay documentación alguna, ni testigos civiles ni militares que no fueran los propios ejecutantes (siempre guardias civiles)" (11-9-86). Más allá de los pensamientos que a cada uno pueda inspirar una frase tan ambigua como la anterior, el verdadero interés de estos tres papeles es la relación que Garzón establece entre ellos y la "nota de despacho" de 28 de septiembre de 1983, numerada como 8h). Es quizá el documento más controvertido de todos, por el momento en que está redactado, un mes antes de que, con la desaparición de Lasa y Zabala y el secuestro frustrado de José María Larretxea, haga su aparición la guerra sucia. "De fuente totalmente segura se sabe que están previstas acciones violentas en el Sur de Francia en fechas inmediatas. Estas acciones se llevarán a cabo por miembros de la Guardia Civil, que actuarían respaldados por la Comandancia de San Sebastian", afirma la nota. ¿Quién es la "fuente totalmente segura" que ha informado a Perote? Aquí es donde encaja Gómez Nieto. "La fuente totalmente segura que se cita es presuntamente Pedro Gómez Nieto, imputado en esta causa", afirma el juez Garzón. Las "notas de despacho" no son suficientes para realizar la anterior afirmación, por lo que el auto incluye, con la referencia 9i,) la transcripción de "conversaciones entre el sargento Gómez Nieto y el comandante Rodríguez Galindo de la Comandancia de San Sebastián grabadas por el primero y entregadas al jefe de la Agrupación Operativa Sr. Perote y por tanto en el Cesid". Se trata de tres conversaciones que se produjeron supuestamente los días 26, 29 y 30 de septiembre, en las que Galindo instruía a Gómez Nieto sobre la forma de "golpear" a los etarras en el sur de Francia. Si las transcripciones fueran auténticas, se entendería que el 28 de septiembre Perote pudiera informar del inminente inicio de acciones violentas por parte de guardias de Intxaurrondo. Por eso, Garzón considera en su auto que los documentos, "al parecer manuscritos por Pedro Gómez Nieto, son esenciales [para la investigación], así como las cintas Miagnetofónicas grabadas que contienen las conversaciones". Sin embargo, el Gobierno aseguró el 2 de agosto que en los archivos del Cesid no están ni las cintas ni las transcripciones, ni tampoco consta que hayan estado nunca, lo que dejó sin valor toda la parte del sumario referida a Gómez Nieto, que se apoyaba sobre la misteriosa grabación.
"Caso Lasa y Zabala"
Lo mismo le sucedió al juez Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa y Zabala. Aunque el pasado 20 de mayo reclamó al Gobierno la desclasificación de tres documentos, dos de ellos coincidían con los pedidos por Garzón y sólo uno -numerado con el 3 en el auto judicial- era realmente nuevo. Se trata de la transcripción de un supuesto diálogo entre Perote y Gómez Nieto, en el que el segundo describía la forma en que fueron asesinados los dos etarras. Es un testimonio escalofriante, el más sobrecogedor de todos los que se incluyen entre los papeles del Cesid, cuya sola lectura produce naúseas. Sin embargo, no es un papel del Cesid, ni siquiera un papel de Perote como son las notas o las hojas de despacho. No existe, como en el caso de la conversación con Galindo, un manuscrito que sirva como base a una posible prueba caligráfica. Ni siquiera se indica en el texto en qué fecha tuvo lugar la supuesta conversación. Quizá por ello, Liaño incluye un cauto "al parecer" antes de transcribir la supuesta conversación y, tal vez por eso, acabó poniendo en libertad a Gómez Nieto, después de que el Gobierno negase tener en su poder una grabación de ese tipo y de que el afectado pasase tres meses en la cárcel. Además de las controvertidas grabaciones, los llamados papeles del Cesid incluyen, pese a su nombre, un tampón, al que el auto judicial se refiere en los apartados 121) y l3m). Es el único objeto del servicio secreto Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior en el que se aludiría a los GAL. Según la solicitud de Garzón, basada en el relato incautado a Perote, deberían conservarse un papel con la expresión manuscrita "Grupos Armados de Liberación", los fotolitos que se utilizaron para la elaboración del sello, el propio tampón original y la copia de un folio en el que supuestamente fue probado tras su elaboración. Estos materiales, que habrían sido elaborados por Rivera, Martin e Indalecio, agentes destinados en el Grupo de Apoyo Técnico, según la referencia 13m del auto judicial -que corresponde a una frase del propio Garzón, y no a un documento del Cesid-, demostrarían la relación entre los estudios teóricos del servicio secreto y atentados de los GAL. El Gobierno sostiene, sin embargo, que ni el sello está en el servicio secreto ni hay rastro de que haya estado nunca. La respuesta abre una puerta al magistrado, para quien, si las grabaciones y el tampón no existen, tampoco son secretos y, por tanto, no hace falta desclasificarlos. Es necesario, tan sólo, que existan. Y que alguien los aporte. Algo parecido sucede con la relación de armamento sin legalizar a la que se alude en el apartado 10j). En la lista de armas que el 20 de abril de 1983 se encontraban en la Agrupación Operativa del Cesid figura un rifle con mira telescópica de calibre 22, como el que supuestamente se empleó en el asesinato de Eugenio Salazar, Tigre, que ya no aparece en posteriores revistas de armas del Cesid y sobre cuyo paradero se ha esceculado en el último año y medio. También Figura en la misma relación diverso armamento que supuestamente fue entregado al Ministerio del Interior para la comisión de un atentado que no se llegó a efectuar. La siguiente nota, la 11 k), de 23 de mayo de 1984, sugiere la posibilidad de comprar armas "limpias" en África del Sur 11 ante la petición formulada por el director general de la Seguridad del Estado", que entonces era Julián San Cristóbal.
Justificación de Garzón
La transcripción de los documentos secretos en el auto judicial, en el que se basó ayer El Mundo para iniciar su publicación -como prueba el hecho de que fragmentase el papel del 12 de diciembre de 1984 de la misma forma que lo hace Garzón- la justificaba el magistrado apelando a la necesidad de argumentar mejor su Solicitud de desclasifIcación. "Para garantizar estos derechos [a la vida o la libertad] y a la vez hacerlo en forma compatible con la Seguridad del Estado, nada mejor que la petición se apoye no sólo en razonamientos jurídicos, sino también en la reproducción literal de los documentos cuya desclasificación se pide". Así, añade el juez, "quedará constatado que no se pretende perturbar el funcionamiento de determinados organismos sensibles para la Seguridad del Estado". La misma doctrina aplicaron los jueces Gómez de Liaño y Justo Rodríguez, que transcribieron en sus autos los papeles que les facilitó Garzón.
Sobre la firma
Archivado En
- Audiencia Nacional
- Caso Banesto
- Mario Conde
- Jesús Santaella
- Política nacional
- Juan Alberto Perote
- Emilio Alonso Manglano
- Felipe González Márquez
- Tribunal Supremo
- Declaraciones prensa
- Cesid
- Ministerio de Defensa
- Baltasar Garzón
- Caso Oñederra
- Guerra sucia
- Lucía Urigoitia
- Magistratura
- Ramón Oñederra "Kattu"
- Banesto
- Organismos judiciales
- VI Legislatura España
- Secretos oficiales
- GAL
- Terrorismo Estado
- Fuerzas armadas