Jueces para la Democracia cree que el secreto oficial fomenta los delitos
El XI congreso de la asociación judicial progresista y minoritaria Jueces para la Democracia, dedicado al tema Jueces y política, comenzó ayer con el debate, entre otras, de la ponencia presentada por Perfecto Andrés Ibáñez, para quien la utilización del secreto oficial por parte del Ejecutivo fomenta la delincuencia de los políticos, al operar como "factor criminógeno de primera magnitud". Por su parte, el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Rafael Sarazá plantea como posible el control judicial del Parlamento.
Perfecto Andrés, uno de los fundadores de la asociac...
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El XI congreso de la asociación judicial progresista y minoritaria Jueces para la Democracia, dedicado al tema Jueces y política, comenzó ayer con el debate, entre otras, de la ponencia presentada por Perfecto Andrés Ibáñez, para quien la utilización del secreto oficial por parte del Ejecutivo fomenta la delincuencia de los políticos, al operar como "factor criminógeno de primera magnitud". Por su parte, el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial Rafael Sarazá plantea como posible el control judicial del Parlamento.
Perfecto Andrés, uno de los fundadores de la asociación, defendió su ponencia Contra las inmunidades del poder: una lucha que debe continuar. En ella sostiene que la experiencia reciente permite afirmar que "la utilización del secreto en el marco de la actividad del Ejecutivo ha operado como factor criminógeno de primera magnitud", por lo que deben regularse taxativamente los actos del Gobierno que "puedan separarse del régimen general de publicidad", y siempre con respeto a los derechos fundamentales.
Otra conclusión propuesta es la exigencia de controles parlamentarios, administrativos y judiciales para la actividad política, así como el control de legalidad de toda actuación administrativa. Esta, según Andrés, corresponde al poder judicial, que "goza de la misma legitimidad que cualquiera de los otros poderes" en el ejercicio de sus funciones.
El ponente defendió que la jurisdicción penal debe investigar y enjuiciar "cualquier acción que presente indicios de criminalidad" y que, cuando el investigado sea un político, los órganos públicos "están obligados a prestar al juez o tribunal competente toda la colaboración que precise". Propuso suprimir los fueros especiales.
La ponencia de Sarazá sobre Las relaciones entre el poder legislativo y el poder judicial analiza los riesgos de "interferencias" entre ambos poderes. Ante la doctrina jurídica que tiende a eliminar las "zonas oscuras de la acción de los poderes públicos", Sarazá planteó si tal control sólo afecta a los actos del Ejecutivo o también "a las decisiones del Parlamento". Invocó la doctrina jurídica francesa que propugna "un posible control jurisdiccional del legislativo".