La inversión en infraestructuras públicas en España se duplicó de 1981 a 1992
Las dotaciones de infraestructuras públicas territorializadas crecieron casi el 1.00% desde 1981 hasta 1992, según los datos publicados por la Fundación BBV. En ese periodo, la participación privada en el stock de capital -el valor de los medios de producción y de las infraestructuras que provocan inversión- cayó 4,1 puntos y 4,9 si se toma en cuenta hasta 1994. La causa fundamental de esta caída de participación privada se debe a que desde 1983 la rentabilidad neta de la inversión está por debajo del tipo de interés real. En otras palabras, era más rentable invertir en activos financieros com...
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Las dotaciones de infraestructuras públicas territorializadas crecieron casi el 1.00% desde 1981 hasta 1992, según los datos publicados por la Fundación BBV. En ese periodo, la participación privada en el stock de capital -el valor de los medios de producción y de las infraestructuras que provocan inversión- cayó 4,1 puntos y 4,9 si se toma en cuenta hasta 1994. La causa fundamental de esta caída de participación privada se debe a que desde 1983 la rentabilidad neta de la inversión está por debajo del tipo de interés real. En otras palabras, era más rentable invertir en activos financieros como deuda pública que realizar inversiones productivas.
La acumulación o stock de capital en España se ha multiplicado en los últimos 30 años por 3,7, de forma que en relación al producto interior bruto (PIB) se ha situado en las mismas bandas que en otros países desarrollados, si bien las dotaciones son mucho más bajas que en esos mismos países si se atiende al número de habitantes y no al PIB. La Fundación BBV presentó ayer una nueva edición de El stock de capital en España y sus comunidades autónomas que presenta la acumulación de capital privado y público desde 1964 hasta 1992 de forma territorializada y aporta datos, sin territorializar, hasta 1994. Los resulta dos del estudio indican que el stock de capital español en 1994 había alcanzado 152 billones de pesetas, en pesetas de 1990, siendo el 81,4% capital privado. Sin embargo, el ritmo de acumulación de éste en el periodo 1981-1992 -el 33,9%- ha sido mucho menor que el experimentado por la acumulación del capital público que ha crecido de media el 96,6%.Murcia, Extremadura, Cantabria y Andalucía fueron las regiones con mayor crecimiento acumulado de capital público. En los casos de Murcia y Andalucía esos comportamientos de la inversión pública también fueron acompañados de ritmos de acumulación de capital privado más elevados que la media española, pero en otros casos no fue así, y buen ejemplo de ello es Cantabria donde la reconversión industrial derivó, como en el resto de la cornisa, en una menor captación de la inversión privada.
Los archipiélagos
La acumulación de capital privado se sigue dando con mayor vigor en los archipiélagos balear y canario y en las regiones del Mediterráneo. En estas regiones, aunque el capital público ha crecido con intensidad, representa un porcentaje con respecto al privado mucho menor que en otras comunidades autónomas.
Mientras en Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Madrid la relación entre la acumulación de capital público con respecto al privado se sitúa entre el 10% y el 15% -frente a una media nacional del 18,8%-, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Aragón ese porcentaje supera el 25%. Es decir, la dependencia de la inversión pública como soporte del proceso de capitalización de las regiones del centro y el sur peninsular es notable y no confirma la opinión de que estén escasamente atendidas.
Tomando como base el año 1992, la comunidad autónoma con un mayor stock de capital era Cataluña, con 22,5 billones; seguida de Andalucía, con 19,7 billones; Madrid, con 15,2 y Valencia con 15 billones. Tras estas se sitúan por orden decreciente: Castilla y León (8,5 billones); Galicia (7,9); País Vasco (7,4); Castilla-La Mancha (5,4); Canarias (4,9); Aragón (4,4 billones); Asturias (3,5); Murcia (3,4); Baleares (3,4); Extremadura (2,7); Navarra (2); Cantabria (1,8) y La Rioja, con un billón.