El CGPJ pide en su informe sobre la videovigilancia que se prohíba captar conversaciones privadas en lugares públicos
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Gobierno que prohiba expresamente la captación de "conversaciones privadas" en lugares públicos mediante sofisticados procedimientos tecnológicos, según expone en su informe sobre la videovigilancia. El CGPJ considera viable el anteproyecto, pero reclama la incorporación de mayores garantías para proteger los derechos fundamentales de las personas, especialmente los de intimidad e imagen.El documento explica que en los lugares públicos se desarrollan "conversaciones íntimas o actos reveladores de las más íntimas convicciones y sentimien...
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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Gobierno que prohiba expresamente la captación de "conversaciones privadas" en lugares públicos mediante sofisticados procedimientos tecnológicos, según expone en su informe sobre la videovigilancia. El CGPJ considera viable el anteproyecto, pero reclama la incorporación de mayores garantías para proteger los derechos fundamentales de las personas, especialmente los de intimidad e imagen.El documento explica que en los lugares públicos se desarrollan "conversaciones íntimas o actos reveladores de las más íntimas convicciones y sentimientos individuales". Por ello, "debe preservarse la confianza legítima de la ciudadanía en que sus actos y conversaciones, aún en lugares públicos, ( ... )no van a ser objeto de seguimiento, filmación y grabación mediante procedimientos tecnológicos sofisticados".
El Poder Judicial recomienda especificar adecuadamente que "el sonido de la voz es un componente de la propia imagen" y un "dato de carácter personal" a efectos de lo previsto en el Convenio de Estrasburgo sobre tratamiento informatizado de datos personales.
"Los ciudadanos", según el informe, "han de poder conocer la existencia, fines y responsables de los ficheros de datos personales, como parte del contenido del derecho a la intimidad". Por eso, y en materia de tratamiento informatizado, el Consejo plantea una "mayor atención a los aspectos de custodia, conservación y destino final de los registros obtenidos", así como normas expresas sobre la responsabilidad en la obtención, custodia e inutilización final de imágenes y de reproducciones y cesiones indebidas".
El anteproyecto debería referirse únicamente, según el CGPJ, a "delitos e infracciones graves" en materia de seguridad ciudadana y no a "otras infracciones cualesquiera". En cuanto a la destrucción de las grabaciones efectuadas, el Consejo estima excesivo el plazo de dos meses, ya que contrasta con el perentorio de 24 horas para su puesta a disposición judicial.