El Tribunal de Cuentas constata graves irregularidades en la ejecución y contabilidad del Plan de Carreteras 1984-92

El Tribunal de Cuentas ha detectado graves irregularidades en la ejecución y el control contable del I Plan General de Carreteras (1984-92). Entre las mismas destaca una desviación presupuestaria estimada en 1,3 billones de pesetas (1984-97) y el abuso de prácticas como la adjudicación directa de obras y la expropiación forzosa con carácter de urgencia, según consta en el informe definitivo de fiscalización aprobado por este organismo.El Plan, que se desarrolló bajo los ministerios de Julián Campo, Javier Sáez de Cosculluela, José Barrionuevo y José Borrell, preveía inicialmente un coste de ej...

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El Tribunal de Cuentas ha detectado graves irregularidades en la ejecución y el control contable del I Plan General de Carreteras (1984-92). Entre las mismas destaca una desviación presupuestaria estimada en 1,3 billones de pesetas (1984-97) y el abuso de prácticas como la adjudicación directa de obras y la expropiación forzosa con carácter de urgencia, según consta en el informe definitivo de fiscalización aprobado por este organismo.El Plan, que se desarrolló bajo los ministerios de Julián Campo, Javier Sáez de Cosculluela, José Barrionuevo y José Borrell, preveía inicialmente un coste de ejecución de 800.000 millones pesetas en 1983. Teniendo en cuenta las actualizaciones realizadas por la Dirección General de Carreteras en 1988 y 1990 para incorporar el coste previsto de las actuaciones no contempladas inicialmente al Plan, el coste global previsto para la ejecución del plan se sitúa en 1.883.308 millones de pesetas de 1992. Comparando este importe con el coste de ejecución actualizado a la misma fecha, se obtiene una desviación de 342.704 millones de pesetas (un 18%), si se emplea la cifra de coste real acumulado hasta el 31 de diciembre de 1992. Si se utiliza el coste actualizado total hasta 1997, que incluye la inversión realizada en 1993 y la estimada ara el periodo 1994-97, ambas según los cálculos de la DGC, la desviación se situaría en torno a los 1,3 billones de pesetas (un 67%), según hace constar el Tribunal de Cuentas.

El informe del Tribunal destaca las graves dificultades por las que ha atravesado para cuantificar el coste del plan por los diversos criterios contables empleados por la DGC y las deficiencias de los documentos "que limitaban su fiabilidad".

El informe constata que "el nivel de ejecución de las actuaciones previstas en el Plan no fue plenamente satisfactorio y el grado de ejecución de las actuaciones definidas en el Plan no cumplieron los programas previstas en kilometraje".

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