Invertir para salir de la crisis

Con el objetivo de apoyar la incipiente recuperación económica, el Gobierno japonés ha hecho este año una dura apuesta, criticada por numerosos analistas económicos: aumentar los presupuestos generales a pesar de que eso le obliga a seguir engordando una deuda pública, ya la mayor del mundo industrializado, que se acerca al 90% del PIB.Según numerosos economistas, Tokio ha vuelto a optar para el presente año fiscal, que empezó en abril, por una política a corto plazo, eficiente para cubrir viejos agujeros de deudas, pero que condenará a Japón a caer en una gran crisis a principios de la próxim...

Con el objetivo de apoyar la incipiente recuperación económica, el Gobierno japonés ha hecho este año una dura apuesta, criticada por numerosos analistas económicos: aumentar los presupuestos generales a pesar de que eso le obliga a seguir engordando una deuda pública, ya la mayor del mundo industrializado, que se acerca al 90% del PIB.Según numerosos economistas, Tokio ha vuelto a optar para el presente año fiscal, que empezó en abril, por una política a corto plazo, eficiente para cubrir viejos agujeros de deudas, pero que condenará a Japón a caer en una gran crisis a principios de la próxima década.

El Ejecutivo cuenta este año con un presupuesto de 75 billones de yenes (unos 93 billones de pesetas), lo que supone un crecimiento del 5,8% respecto al último ejercicio, y el mayor aumento de los últimos cinco años. Para ello, y dado el continuado déficit fiscal, se ha visto obligado a aumentar su endeudamiento con la emisión de una cifra récord de bonos del Estado por valor de 21 billones de yenes (unos 26 billones de pesetas).

La suma para asuntos sociales sube también, en un 9,4%, aunque su desglose muestra un retroceso del 4,4% en el área de pensiones. Esta medida, sin embargo, no ha levantado las críticas populares que desencadena en otros países debido a que el Gobierno nipón se ha encargado de subrayar la importancia de la salida de la crisis como objetivo nacional prioritario.

El Ejecutivo, consciente de que dirige los destinos del país que a principios del próximo siglo tendrá la mayor tasa de ancianos por la población activa del mundo desarrollado, ha comunicado ya a la población que deberá hacerse cargo de sus propios gastos de seguridad social, para evitar la quiebra económica del Estado.

Por su parte, el déficit público es también el mayor de las naciones industrializadas, con un 7,5% del PIB estimado para 1997, muy por encima del techo del 3% al que pretenden ajustarse los firmantes del Tratado de Maastricht.