Los saboteadores de Itoiz, posible "pantalla de KAS", según el delegado del Gobierno

El presidente del Ejecutivo foral navarro, el socialista Javier Otano, asegura que el atentado del pasado sábado contra las obras del embalse de Itoiz "desprestigia al verdadero ecologismo pacífico y pretende manchar la imagen externa de Navarra". Otano añade que se enmarca "en una estrategia poilítico-militar" dirigida por cabecillas desconocidos. Por su parte, el delegado del Gobierno en la región, César Milano, considera que los ocho detenidos podrían ser "una pantalla de KAS" y tener relación "indirecta con la violencia etarra".Los daños causados podrían alcanzar los 1.000 millones de pese...

El presidente del Ejecutivo foral navarro, el socialista Javier Otano, asegura que el atentado del pasado sábado contra las obras del embalse de Itoiz "desprestigia al verdadero ecologismo pacífico y pretende manchar la imagen externa de Navarra". Otano añade que se enmarca "en una estrategia poilítico-militar" dirigida por cabecillas desconocidos. Por su parte, el delegado del Gobierno en la región, César Milano, considera que los ocho detenidos podrían ser "una pantalla de KAS" y tener relación "indirecta con la violencia etarra".Los daños causados podrían alcanzar los 1.000 millones de pesetas y dejar temporalmente en el paro a 250 de los 475 trabajadores, según datos barajados por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. La acción fue realizada por ocho jóvenes, pertenecientes al colectivo autodenominado Solidarios con Itoiz y que hoy pasarán a disposición del Juzgado de Aoiz. La extrema gravedad de los hechos ha producido la condena de la mayoría de las fuerzas políticas.

Las obras del polémico embalse navarro, declaradas ilegales el pasado año por una sentencia de la Audiencia Nacional, que posteriormente emitió un auto ordenando su paralización previa presentación de una multimillonaria fianza, deberán estar paradas ahora durante más de seis meses.

El sabotaje estuvo perfectamente planificado. La colocación de los blondines o cables que sirven para transportar el hormigón hasta la presa costó seis meses de tarea y su ruptura paraliza todo el proceso de levantamiento de la zona principal. La fabricación de estos blondines se hace bajo pedido expreso a una empresa del Reino Unido. Los cables cortados en Itoiz, con sierras mecánicas alquiladas a una firma filial de la empresa que construye el embalse, medían 800 metros y soportaban pesos de hasta 140 toneladas.

Carlos Pérez Anadón, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, manifestó que, en una estimación inicial, los daños causados superan ampliamente los 500 millones.

Hoy, martes, sólo un centenar de trabajadores podrá reincorporarse a sus puestos tras la Semana Santa. El resto, unos 250, podría verse sumido en una regulación de empleo durante todo este tiempo.

Cinco reincidentes

Fuentes policiales han determinado que cinco de los detenidos son reincidentes en acciones contra las obras cometidas con anterioridad en el lugar. Se trata de Urko Ramón Hernández, Ibai Ederra, Ignacio García Koch, Txornin Yubero y Julio Martin Villanueva. Los demás son Ignacio Erviti, áigo Unai Trepiana y Pedro Miguel Lusarreta.

Todos ellos residen en Navarra y Guipúzcoa y tienen edades comprendidas entre los 33 y los 18 años. El grupo se negó a declarar en castellano y pidió hacerlo en euskera, lo cual obligó a trasladarlos a la prisión de Pamplona, en la que pasaron el fin de semana, ante la falta de un traductor.

La acción contra el embalse fue justificada ayer por este colectivo en una conferencia de prensa en la que se afirmó que las obras debían haber sido paralizadas por los poderes públicos tras los reiterados pronunciamientos sobre su ilegalidad efectuados por la Audiencia Nacional. Solidarios con Itoiz dijo que no tiene ninguna relación con KAS ni con la Coordinadora de Itoiz, que promueve la lucha jurídica contra la obra, y añadió que su pretensión es hacer cumplir la ley, sin oponer resistencia a su detención tras culminar el sabotaje.

Sin embargo, los recursos interpuestos por el Gobierno navarro y el Ministerio de Obras Públicas contra las resoluciones desfavorables permitían la continuación de los trabajos, según fuentes de ambas administraciones.