La renovación del Poder Judicial

DENTRO DE muy pocos días -concretamente, el 8 de noviembre- finaliza el mandato de cinco años del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A partir de esa fecha deberán renovarse en su totalidad las 20 vocalías del órgano de gobierno de la magistratura y procederse a la elección de un nuevo presidente, que lo es también del Tribunal Supremo. Pero eso no ocurrirá de inmediato. Tampoco es probable que ocurra antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Una vez más, el Consejo se adentra en un periodo de provisionalidad -todos sus vocales, legalmente destituidos, pero pr...

DENTRO DE muy pocos días -concretamente, el 8 de noviembre- finaliza el mandato de cinco años del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A partir de esa fecha deberán renovarse en su totalidad las 20 vocalías del órgano de gobierno de la magistratura y procederse a la elección de un nuevo presidente, que lo es también del Tribunal Supremo. Pero eso no ocurrirá de inmediato. Tampoco es probable que ocurra antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Una vez más, el Consejo se adentra en un periodo de provisionalidad -todos sus vocales, legalmente destituidos, pero prorrogados en sus funciones- propiciado por la crónica falta de entendimiento entre las fuerzas políticas mayoritarias.El PSOE y el PP se han apresurado a adelantar sus propuestas para hacer efectiva la renovación reglamentaria del Poder Judicial en el plazo debido. La del PP consiste en que sean las asociaciones de jueces las que propongan a los 12 vocales de procedencia judicial en un adelanto de su anunciada decisión de anular el actual sistema de elección parlamentaria de estos vocales. Pero hoy por hoy ese procedimiento no es legal, aunque no sea inconstitucional. Si el PP se empeña en esta medida, la renovación del Consejo se pospondrá hasta no se sabe cuándo. Al menos, hasta después de las elecciones generales. Pero quizá sea ése el verdadero propósito del PP. Con una victoria electoral. en perspectiva, su capacidad de control y de influencia en la composición del nuevo Consejo será, por supuesto, mucho mayor que ahora. Es lógico que apuesten por ello.

El PSOE, por su parte, se descuelga con un procedimiento de selección de candidatos que en estos momentos tiene muy pocas probabilidades de ponerse en práctica. Pretende que sea la Comisión de Justicia e Interior del Congreso la que haga una preselección de candidatos, tras oírles y hacer un estudio de sus méritos profesionales y de su trayectoria pública. La finalidad de la iniciativa no puede ser mejor: erradicar el denostado sistema de cuotas de la elección parlamentaria de los miembros del Poder Judicial. Pero el momento no puede ser peor.

Ojalá fueran capaces los dos partidos mayoritarios de dejar a esta institución fuera de su rabiosa lucha política, incluso ahora que, en vísperas electorales, se convierte en una guerra sin cuartel ni escrúpulos. Pero lo, que no consiguieron en épocas menos belicosas, es poco probable que vayan a lograrlo cuando el PP tiene grandes posibilidades de llegar al poder, y el PSOE, de perderlo.

Todo indica, pues, que los vocales del Consejo del Poder Judicial no podrán ser sustituidos hasta después de los próximos comicios generales. Y nada garantiza que se vaya a eliminar en un futuro inmediato el sistema de cuotas. Todo dependerá del equilibrio resultante entre los partidos y, sobre todo, de si uno de ellos logra alzarse con la mayoría absoluta. En todo caso, si el PP se decide a introducir en el actual sistema de representación política un retazo de corporativismo como es que el cuerpo de jueces controle el Consejo, autogobernándose a sí mismos, lo que debe procurar al menos es que el estamento judicial en su conjunto, es decir, sus plurales asociaciones, tenga las mismas oportunidades electorales.

No vaya a ocurrir como en el primer Consejo de 1980, elegido mayoritariamente por los jueces, en el que los grupos conservadores negaron el pan y la sal a los que no lo eran, expulsándolos sin contemplaciones de las listas electorales.

Ese modo de actuar de la derecha judicial ha vuelto a reproducirse en las postrimerías del actual Consejo, elegido en 1990. Ha bastado que su equilibrio interno se rompiera tras la estampida de vocales propuestos por el PSOE en busca de mejores destinos (Gobierno, Tribunal Constitucional, etcétera) para que la resultante mayoría conservadora impusiera sin concesión alguna sus candidatos a las plazas vacantes del Tribunal Supremo y de otros órganos superiores de la Administración de justicia. Si esos candidatos hubieran sido los mejores entre los propuestos, esa actitud podría justificarse al menos por los resultados. Pero no es el caso, a juzgar por sus biografías, entre ellas la de un antiguo gobernador y jefe provincial del Movimiento, cuya permanente ubicación en el terreno de la ultraderecha es dudoso que se corres ponda con una inequívoca actitud democrática.