Los jueces condenan el recurso del Gobierno contra Garzón

Todas las asociaciones de jueces censuraron ayer abiertamente la decisión del Gobierno de ampararse en la Ley de Secretos Oficiales para negarle al juez Baltasar Garzón documentos del Cesid sobre las actividades de los GAL. Unánimemente, los magistrados opinan que el conflicto de jurisdicción presentado por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, no es más que una argucia para retrasar la investigación del magistrado en un caso de cuatro asesinatos.

En opinión de las asociaciones judiciales, el Gobierno no puede ampararse en la ley de 1987 para negar los documentos del Cesid. ...

Todas las asociaciones de jueces censuraron ayer abiertamente la decisión del Gobierno de ampararse en la Ley de Secretos Oficiales para negarle al juez Baltasar Garzón documentos del Cesid sobre las actividades de los GAL. Unánimemente, los magistrados opinan que el conflicto de jurisdicción presentado por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, no es más que una argucia para retrasar la investigación del magistrado en un caso de cuatro asesinatos.

En opinión de las asociaciones judiciales, el Gobierno no puede ampararse en la ley de 1987 para negar los documentos del Cesid. Frente a sus reticencias, el titular de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, garantizó ayer que "en modo alguno" el Gobierno busca retrasar las pesquisas de Garzón. La interposición del conflicto no puede paralizar las actuaciones del juez, explicó, porque se trata de un caso penal.La negativa del Ministerio de Defensa se basa en que Garzón se arroga, según el Gobierno, competencias de las que carece por estar legalmente atribuidas al Consejo de Ministros. Estas competencias son las de clasificar, desclasificar o cancelar las materias catalogadas como secretas. El Gobierno rechaza también que el magistrado pueda conocer el lugar concreto, dentro de la organización del Cesid, donde radica la documentación, así como la identidad de las personas destinadas en el mismo.

Garzón ha solicitado en reiteradas ocasiones al Cesid, dentro de la investigación del sumario del caso Monbar, dos documentos: el acta de los GAL y una nota, elaborada por el coronel Juan Alberto Perote, en la que se informaba sobre el inicio de atentados.

Las asociaciones de jueces, de todas las tendencias, han respondido con indignación a este conflicto. Argumentan que, en un Estado de derecho, un juez debe buscar la verdad material de los hechos allá donde esté.