KIO entra en 'el caso Tibidabo' ante el parón de Moreiras
Javier de la Rosa acumula a sus espaldas tres grandes procesos legales. El que ha avanzado a mayor velocidad es el que instruye la Corte de Londres. Pero de su anterior etapa como gestor de Torras, grupo que acabó en una monumental suspensión de pagos, el proceso más importante por su cuantía económica es la querella presentada ante el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras. Se trata de una querella criminal en la que los propietarios de Torras-KIO piden el encarcelamiento de De la Rosa y reclaman más de 100.000 millones de pesetas.La querella se presentó durante...
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Javier de la Rosa acumula a sus espaldas tres grandes procesos legales. El que ha avanzado a mayor velocidad es el que instruye la Corte de Londres. Pero de su anterior etapa como gestor de Torras, grupo que acabó en una monumental suspensión de pagos, el proceso más importante por su cuantía económica es la querella presentada ante el juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras. Se trata de una querella criminal en la que los propietarios de Torras-KIO piden el encarcelamiento de De la Rosa y reclaman más de 100.000 millones de pesetas.La querella se presentó durante los primeros días de 1993 y fue rechazada en cuatro ocasiones por el juez Moreiras, quien finalmente se vio obligado a admitirla por orden de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional. Pese a ello, el juez no se ha mostrado especialmente activo en la instrucción del caso, por lo que se halla en punto muerto. Los abogados de KIO han presentado varias iniciativas intentande apartar a este juez del caso.
La última de ellas, con la clara intención de sortear el inmovilismo de Moreiras, ha sida la solicitud de comparecer como perjudicado en el caso Grand Tibidabo, instruído por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.
En este último caso, del que el próximo día 18 se cumple el primer aniversario, el juez instructor impuso a De la Rosa una fianza de responsabilidad civil de 13.333 millones de pesetas como cobertura por su supuesta responsabilidad en las multimillonarias pérdidas de la sociedad Grand Tibidabo. Los responsables de la instrucción esperan que antes de final de año se pueda presentar el escrito de acusaciones de los fiscales y encarar la recta final hacia la celebración del juicio definitivo. En este asunto, De la Rosa se enfrenta a imputaciones por los supuestos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
Las operaciones descritas en todos esos procesos tienen un gran parecido. Por un lado, se utilizan empresas pantalla, en España y en el exterior, para el cobro de comisiones y la distracción de miles de millones de pesetas. Por otro, De la Rosa ocupa la posición dominante en la sociedad de la que sale el dinero y en todas las receptoras.