El Congreso aprueba la Ley de Comercio pactada por el PSOE y CiU

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición de Ley de Comercio gracias al acuerdo entre PSOE y CiU, por el que se alcanzará la plena libertad de horarios comerciales a partir del 2001, cuando así lo acuerden conjuntamente el Gobierno y cada Comunidad Autónoma. Este acuerdo supone el desbloqueo definitivo de la Ley de Comercio. El PP mostró su recelo hacia el proyecto al recalcar que la cesión de competencias a las comunidades mediante una ley ordinaria puede ser causa de inconstitucionalidad.

El pequeño comercio ha frenado la caída de cuota de mercado desde que entró en...

El Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición de Ley de Comercio gracias al acuerdo entre PSOE y CiU, por el que se alcanzará la plena libertad de horarios comerciales a partir del 2001, cuando así lo acuerden conjuntamente el Gobierno y cada Comunidad Autónoma. Este acuerdo supone el desbloqueo definitivo de la Ley de Comercio. El PP mostró su recelo hacia el proyecto al recalcar que la cesión de competencias a las comunidades mediante una ley ordinaria puede ser causa de inconstitucionalidad.

El pequeño comercio ha frenado la caída de cuota de mercado desde que entró en vigor el decreto sobre limitación de horarios comerciales en enero de 1994. Así lo aseguró ayer Javier de Paz, director general de Política Interior.

Tras calificar de positivos los efectos del decreto "por conseguir pacificar un sector muy conflictivo y sentar la bases para un proceso ordenado hacia la libertad total en el año 2001", Javier de Paz recalcó que el empleo se ha mantenido en el sector, según refleja la Encuesta de Población Activa (EPA). El decreto no ha cambiado la tendencia apuntada en los últimos años y se mantiene el empleo en el comercio minorista y continúa el proceso de sustitución de empleo autónomo por asalariado.

Javier de Paz criticó abiertamente el informe que ha hecho el Tribunal de Defensa de la Competencia que califica la Ley de Comercio de "intervencionista, inflacionista y perjudicial para el empleo", al señalar que "ese informe puede ser muy científico pero el sector da empleo a dos millones de personas y las repercusiones sociales también deben ser tenidas en cuenta".