Los antimilitaristas consideran que el Código Penal "criminaliza" la objeción

El movimiento atimilitarista del País Vasco considera que la reforma aprobada en el Código Penal sobre el delito de insumisión "criminaliza" el derecho a la objeción de conciencia con penas de cárcel para los jóvenes que se nieguen a realizar el servicio militar y la inhabilitación para aquellos que rechacen el servicio sustitutorio. El Movimiento de Objeción de Conciencia de Euskal Herria (MOC) considera que la modificación en el tratamiento penal de la insumisión -rechazada por IU y el PNV- responde a los intereses de los militares.La proyectada reforma del Código Penal en lo que se refiere...

El movimiento atimilitarista del País Vasco considera que la reforma aprobada en el Código Penal sobre el delito de insumisión "criminaliza" el derecho a la objeción de conciencia con penas de cárcel para los jóvenes que se nieguen a realizar el servicio militar y la inhabilitación para aquellos que rechacen el servicio sustitutorio. El Movimiento de Objeción de Conciencia de Euskal Herria (MOC) considera que la modificación en el tratamiento penal de la insumisión -rechazada por IU y el PNV- responde a los intereses de los militares.La proyectada reforma del Código Penal en lo que se refiere a las penas por la negación a prestar el servicio militar o la prestación social sustitutoria, que supone en la práctica que los insumisos no irán a prisión (al ser penas inferiores a dos años), fue criticada por el director general del Servicio Militar, Laureano García Hernández, que inauguró ayer en La Coruña un centro de reclutamiento. "Evidentemente, la ley a trámite no es el proyectó que yo haría, y sus tipos penales no guardan relación con otras legislaciones europeas. Es absolutamente original, por lo que conozco, en lo de suprimir la privación de libertad". "Me parece sorprendente", añadió, "la expectación social que despierta una cuestión que sólo afecta a unas docenas de jóvenes, frente a millones que cumplen sin problemas sus obligaciones". García Hernández informó que desde agosto de 1994, el porcentaje de objetores ha disminuido, "pero lo relevante es que su volumen es perfectamente compatible con las necesidades de los Ejércitos".

Los grupos, de objeción vascos consideran" en- cambio, que "éste es el enésimo parche que las reformas del ministro Belloch plantean sobre las demandas antimilitaristas". El MOC cree que "el Estado continúa equivocado con su intento de desgaste de la lucha antimilitarista mediante la judicialización de la insumisión y la individualización del colectivo de insumisos". Los insumisos aseguran que la "muerte civil" -"término acuñado por los propios responsables de Justicia para denominar a las penas de inhabilitación que recoge el denominado código de la democracia- y la cárcel para los que se nieguen a realizar la mil "no es progresismo, sino un intento hipócrita de armonizar el rechazo popular al militarismo con su. Europa de los Ejércitos y de los traficantes de armas".