El impago de 28.000 pesetas deja en la calle a una pareja de jubilados
El impago de poco más de 28.000 pesetas a la comunidad de vecinos provocó hace tres años la puesta en marcha del aparato judicial que acaba de dejarles en la calle al subastarse el piso en el que vivían. Benito N. y Josefina A., un matrimonio de jubilados de Zaragoza, tienen a su cargo una hija disminuida física. y otra separada, con un bebé de tres meses. Ayer cumplieron un mes desahuciados y acogidos en casa de un familiar.
El subastero que adquirió la vivienda por poco más de tres millones de pesetas. está dispuesto a revendérsela, pero el matrimonio cree que no debe pagar ni un duro...
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El impago de poco más de 28.000 pesetas a la comunidad de vecinos provocó hace tres años la puesta en marcha del aparato judicial que acaba de dejarles en la calle al subastarse el piso en el que vivían. Benito N. y Josefina A., un matrimonio de jubilados de Zaragoza, tienen a su cargo una hija disminuida física. y otra separada, con un bebé de tres meses. Ayer cumplieron un mes desahuciados y acogidos en casa de un familiar.
El subastero que adquirió la vivienda por poco más de tres millones de pesetas. está dispuesto a revendérsela, pero el matrimonio cree que no debe pagar ni un duro por recuperar su hogar.El caso está en manos del Defensor del Pueblo, y Josefina ha escrito a las más altas instancias del Estado. Ella no estaba de acuerdo con, el re parto de gastos hecho por la comunidad de vecinos, que le suponía al matrimonio tener que pagar algo más de 3.000 pesetas mensuales. Con una deuda inferior al año, sus convecinos les llevaron al juzgado, en 1992. Sin asesoramiento jurídico, Josefina se vio ante los tribunales y allí explicó sus argumentos. Más de dos años después llegó la primera notificación desahuciadora del juzgado y 1,5 días más tarde vinieron los guardias para ponerles en la calle junto con sus enseres. Sus pertenencias han pasado al depósito municipal y el matrimonio, las dos hijas y el nieto han tenido que recabar la solidaridad de la familia. Mientras, el juzgado, sin que el matrimonio tuviera conocimiento del proceso según aseguran los afectados, sacó el piso a subasta. Un agente inmobiliario lo compró y ahora la conflictividad del caso ha llevado al subastero a deshacerse de él "a precio de costo".
Los ancianos creen, sin embargo, que lo que tienen que hacer es volver a su casa sin pagar nada. Se sienten con derecho a ser indemnizados porque "no nos pueden echar por no pagar 28.000 pesetas".