Sobre la 'responsabilidad política'

La responsabilidad política es una creación sublime de demócratas avanzados que aparece ante nosotros como el pensamiento más elevado del siglo. Este eufemismo de dimisión sirve para quitarse de enmedio a un cargo público culpándole de tener, o haber tenido, subordinados procesados o condenados por la comisión de un delito. Lógicamente no puede derivarse ni de la acción ni de la omisión consciente, pues hacer o dejar hacer son distintas formas de participar en el delito. Ha de nacer, por tanto, de la omisión inconsciente, es decir, de un no haberse enterado de lo que hacía...

La responsabilidad política es una creación sublime de demócratas avanzados que aparece ante nosotros como el pensamiento más elevado del siglo. Este eufemismo de dimisión sirve para quitarse de enmedio a un cargo público culpándole de tener, o haber tenido, subordinados procesados o condenados por la comisión de un delito. Lógicamente no puede derivarse ni de la acción ni de la omisión consciente, pues hacer o dejar hacer son distintas formas de participar en el delito. Ha de nacer, por tanto, de la omisión inconsciente, es decir, de un no haberse enterado de lo que hacían sus inferiores jerárquicos. Para este supuesto, los demócratas avanzados se inventan un código sancionador e imponen como pena inapelable la dimisión para aquel que a juicio de ellos no se haya enterado de lo que debiera. Y todo ello por exigencias de "ética política", dirán.Mal asunto cuando se mezclan de esta manera moral y política: cóctel peligroso que suele acabar en autoritarismo. Que los anhelos de la propia conciencia sean ley es el sueño de cualquier dictador. ¿Dónde han aprendido estos aventajados alumnos de democracia que su conciencia les da derecho a decidir cuándo debe acabar un mandato democrático?

En la democracia liberal hemos llegado al acuerdo de que no hay más moral pública exigible que la que expresan las leyes. Por eso los juicios de derecho los hacen los tribunales, y los políticos, las urnas, a las que se debe convocar cuando lo manda la ley o cuando el jefe de Gobierno entienda que no puede gobernar, pero no cuando no deba, según criterio de unos cuantos, y por mucho que digan ser mayoritaria esta opinión.-