Las donaciones de empresas separan a la derecha de la izquierda

La admisión, en la nueva ley, de los donativos de empresas y otras personas jurídicas a los partidos es el asunto de mayor controversia entre las fuerzas políticas, a las que divide en dos bloques ideológicos. Todos están de acuerdo en incentivar la financiación privada de los partidos, mediante desgravaciones fiscales para las cuotas de los afiliados y las donaciones.Sin embargo, el socialista Fernando Gimeno considera que los donativos deben ser siempre individuales, ya que "no es comprensible que una empresa dé dinero a cambio de nada, pues su propia naturaleza consiste en buscar el ...

La admisión, en la nueva ley, de los donativos de empresas y otras personas jurídicas a los partidos es el asunto de mayor controversia entre las fuerzas políticas, a las que divide en dos bloques ideológicos. Todos están de acuerdo en incentivar la financiación privada de los partidos, mediante desgravaciones fiscales para las cuotas de los afiliados y las donaciones.Sin embargo, el socialista Fernando Gimeno considera que los donativos deben ser siempre individuales, ya que "no es comprensible que una empresa dé dinero a cambio de nada, pues su propia naturaleza consiste en buscar el beneficio, y lo contrario sería delito". El PSOE propone también prohibir las aportaciones anónimas y la participación de los partidos en actividades mercantiles.

Felipe Alcaraz, de IU, advierte, que "quien paga, manda", por lo que admitir las donaciones de empresas supondría legalizar los lobbies e institucionalizar la corrupción". Para Luis Mardones, de Coalición Canaria, la financiación privada debe ser complementaria de la pública" y las donaciones, "de personas físicas, no jurídicas, pues despertarían sospechas".

Registro público

López de Lerma, de CiU, afirma que el aumento de la financiación privada "responsabiliza a la sociedad" y evita que la excesiva dependencia de los partidos respecto a la subvención pública "les convierta en meros apéndices del Estado". Las sospechas pueden evitarse, agrega, con un registro público en el que consten las aportaciones a los partidos y la identidad de los donantes. Estos donativos deben disfrutar de un tratamiento fiscal similar al previsto para las fundaciones.

De la misma opinión es González de Txábarri, del PNV, quien considera que sólo debe excluirse a las empresas públicas y las que trabajan para las administraciones. El sistema se completaría ampliando las competencias del Tribunal de Cuentas para que pueda fiscalizar las aportaciones privadas.

Jaime Ignacio del Burgo, del PP, también defiende la liberalización de las donaciones, siempre que se garantice la transparencia, pues "da igual que el dinero lo aporte el empresario o la empresa". Sin embargo, no tiene mucha confianza en la eficacia del sistema pues "siempre habrá quien piense que se quiere obtener algún favor" y, tras los últimos escándalos, "nadie va a querer retratarse y que se sepa que ha entregado dinero a un partido político".

El programa electoral del PP propone que la financiación pública suponga, como máximo, el 60% del presupuesto de los partidos y que su ¡incremento anual, que fijan las Cortes, no supere el IPC.