Inquilinos de fincas ruinosas causan un alboroto en un pleno por creerse excluidos de la rehabilitación

Más de un centenar de inquilinos de viviendas en situación previa a la ruina protagonizaron ayer un considerable alboroto durante la celebración del pleno de la Junta Municipal del distrito Centro, en la plaza Mayor. Los vecinos, en su mayoría gentes de avanzada edad, aseguran que sus viviendas han quedado excluidas del Plan de Rehabilitación del Centro de Madrid firmado en mayo por el Ayuntamiento, la Comunidad autónoma y el Ministerio de Obras Públicas. Consideran su situación angustiosa, sin alternativa de realojamiento. El pleno, pese a la protesta, se celebró.

Más de un centenar de...

Más de un centenar de inquilinos de viviendas en situación previa a la ruina protagonizaron ayer un considerable alboroto durante la celebración del pleno de la Junta Municipal del distrito Centro, en la plaza Mayor. Los vecinos, en su mayoría gentes de avanzada edad, aseguran que sus viviendas han quedado excluidas del Plan de Rehabilitación del Centro de Madrid firmado en mayo por el Ayuntamiento, la Comunidad autónoma y el Ministerio de Obras Públicas. Consideran su situación angustiosa, sin alternativa de realojamiento. El pleno, pese a la protesta, se celebró.

Más de un centenar de vecinos de fincas de una decena de calles del centro de Madrid, en situación previa a la ruina, acudieron al pleno y tomaron posiciones ante la puerta, profiriendo gritos mediante los que exigían su derecho a contar sus problemas en la reunión municipal. Ocho fornidos policías municipales impedían el paso a los congregados. Algunos de éstos, no obstante, fueron autorizados posteriormente a entrar a la sala. Los manifestantes se consideran excluidos del plan que destinó en octubre 8.000 millones de pesetas para rehabilitar 22.500 viviendas enfermas del centro de Madrid.Los que se quedaron fuera, unas cincuenta personas, en su mayoría mujeres, permanecieron en la puerta de la sala de plenos gritando consignas contra la concejal del distrito Centro, María Antonia Suárez, del Partido Popular. Con gritos de ¡Queremos viviendas!, ¡Que nos dejen entrar! y ¡Que dimita!, los congregados vociferaron durante las dos horas que duró la reunión.

"Tengo 63 años", decía la inquilina de una vivienda en situación prerruinosa de la calle del Amparo. "Mi marido está enfermo y a una vecina mía le llegó ayer la orden de desalojo de su casa. ¿Qué puedo hacer para impedir que me echen también si la concejal no quiere escucharme? ¿Cómo le explico yo que, a mi edad, no puedo irme a la calle, con mi marido como está y con los pocos recursos que tenemos?".

Otra inquilina, de 74 años, que vive en una casa en una situación similar, dijo: "¿Que cuál es la solución? La solución sencillamente es que la casa se nos va a caer encima, mientras en el distrito Centro hay 15.000 pisos desocupados". Ambas mujeres forman parte de las aproximadamente tres mil personas asociadas en una organización de afectados de las edificaciones expedientadas como ruinosas. Eduardo Gutiérrez, arquitecto y vicepresidente de la asociación vecinal de La Corrala, que defiende a los afectados, dijo: "Antes garantizaban el realojo, pero ahora, a una pareja anciana desalojada la instalan una semana en un hostal y luego, a la calle".

Mientras, en el interior de la sala se vivían momentos de gran tensión: desde el exterior arreciaban los gritos y pateos por parte de los manifestantes. El concejal socialista Ginés Meléndez explicaba: "Parte del carácter social que tenía la rehabilitación del centro de Madrid ha desaparecido. La Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) acomete ahora otras demandas económicamente más solventes". A su juicio, "la solución pasa por dotar de mayor presupuesto la rehabilitación de casas en ruinas y que la EMV encare esta tarea".

José Luis Casaús, de Izquierda Unida, consideró por su parte: "Sin que exista un plan predeterminado al respecto, parece que Lavapiés se encamina en la práctica a convertirse en el pudridero de la ciudad y que el PP, con su desidia, ha renunciado a impedirlo".

La concejal María Antonia Suárez aseguró: "Se confunden dos asuntos, el de las casas en situación previa a la ruina y el Plan de Rehabilitación del Centro, consensuado por el Ayuntamiento, la Comunidad. de Madrid y Obras Públicas. Es un buen plan". A su juicio, "el alboroto obedece a que alguien ha informado mal a los afectados, en plena precampaña electoral". La concejal explicó la exclusión de vecinos del pleno por su reducido aforo y les prometió una entrevista en 15 días.

"Y mientras, ¿qué hago yo?", gritaba fuera una anciana que acababa de recibir la notificación de desahucio de su vivienda.