Una burbuja que nadie controló

MANEL PÉREZ Grand Tibidabo, la sociedad controlada por De la Rosa que algunos llegaron a considerar el embrión de un futuro gran banco catalán, es hoy una sociedad abocada a la liquidación. Sus miles de pequeños accionistas han perdido sus ahorros y aún hoy nadie les ha explicado cómo ha sucedido. Ellos y sus abogados se preguntan cómo es posible que tamaño fiasco haya llegado a producirse sin que ni las autoridades políticas, financieras o bursátiles lo hayan impedido. Los controles públicos parecen haber fallado.

Todo empezó en abril de 1991, cuando De la Rosa compró el 30% del Consor...

MANEL PÉREZ Grand Tibidabo, la sociedad controlada por De la Rosa que algunos llegaron a considerar el embrión de un futuro gran banco catalán, es hoy una sociedad abocada a la liquidación. Sus miles de pequeños accionistas han perdido sus ahorros y aún hoy nadie les ha explicado cómo ha sucedido. Ellos y sus abogados se preguntan cómo es posible que tamaño fiasco haya llegado a producirse sin que ni las autoridades políticas, financieras o bursátiles lo hayan impedido. Los controles públicos parecen haber fallado.

Todo empezó en abril de 1991, cuando De la Rosa compró el 30% del Consorcio Nacional. del Leasing (CNL). La sociedad estaba bajo la lupa del Banco de España debido a que sus gestores habían creado un mecanismo irregular de compra y venta de las acciones. Tras relevar al anterior equipo, el Banco de España, cuyo gobernador era entonces Mariano Rubio, buscó algún socio que asumiera el control de la empresa. Uno de los candidatos fue la compañía de seguros Iberia, en la que estaban presentes el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta, y el propietario de Chupa Chups, Enric Bernat.

Banco de España

El Banco de España autorizó a Javier de la Rosa la compra del 30% del capital de la sociedad por ser el único que presentó una oferta en metálico y con la condición de que abandonara el negocio del leasing. El entonces gobernador, Rubio, a la vista de la experiencia con el Banco Garriga Nogués, se preocupó exclusivamente por mantener al financiero fuera de su área de supervisión y alejar una nueva crisis de su entorno, dejando en manos de De la Rosa a los 9.000 pequeños accionistas.

Con CNL en sus manos, De la Rosa empezó a dar juego. La primera operación fue la venta de la sede social de CNL a la Generalitat por 4.100 millones de pesetas. Una operación clásica del financiero que, sin embargo, llama la atención por el carácter público del comprador, con quien De la Rosa había estrechado relaciones a través de Lluís Prenafeta, el influyente ex secretario general de la presidencia de la Generalitat.

Poco tiempo después, y en cumplimiento del acuerdo alcanzado con Mariano Rubio, se vendió la cartera de leasing a Hispamer -filial entonces del Banco Hispano Americano- por 30.000 millones, con lo que la sociedad había ingresado en pocos meses cerca de 35.000 millones.

En noviembre de 1991, De la Rosa decidió que CNL comprara el 30% de SA Tibidabo, sociedad que también controlaba él. CNL compró esas acciones a Quail, sociedad patrimonial de De la Rosa, por 3.150 millones. La operación dejó estupefactos a los pequeños accionistas, pues De la Rosa utilizó, el dinero de CNL para comprarse acciones a sí mismo, mientras el resto de los accionistas de CNL no podía vender ninguna de las suyas. Ante el desconsuelo de muchos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no puso reparos a la operación de De la Rosa, que una vez más apuró la ley hasta el límite. En este caso el argumento fue que las dos sociedades formaban casi un grupo por el hecho de que tenían la mayor parte de sus consejeros comunes.

Casi sin descanso, en abril de 1992, De la Rosa planteó la fusión entre CNL y SA Tibidabo, lo que dio origen a la actual Grand Tibidabo. En esa fusión, CNL se valoró en 27.800 millones, cantidad que equivalía al dinero que esa sociedad tenía teóricamente en su caía. En el caso de SA Tibidabo, la valoración, 11.000 millones, incluía 5.000 millones de futuros beneficios tácitos, que incluían los teóricos beneficios que en el futuro producirán algunas de sus participaciones. Sin embargo, estas ganancias, atribuídas a la participación en Tibigardens, o al Parque del Tibidabo o a Bamsa, nunca se produjeron. Una vez más muchos pequeños accionistas no entendían ese milagro de los panes y los peces que permitía que unos activos de difícil valoración contaran más que el dinero contante y sonante. Los informes de auditores y el silencio de las autoridades bursátiles acompañaron la culminación de la fusión.

Por esas mismas fechas, concretamente febrero de 1992, De la Rosa materializó su entrada en el parque Tibigardens. El desembolso del capital, 6.000 millones de pesetas, se realizó antes de la fusión. CNL puso 2.000 millones pero esa inversión no apareció entre sus activos en el momento de la fusión.

Para la construcción del parque, Tibigardens contó de nuevo con el apoyo oficial. Esta vez no ya el silencio administrativo, sino un aval público de la Generalitat de 10.000 millones de pesetas. Sin embargo, cuando se concedió el primer tramo de ese aval, a finales de 1992, Grand Tibidabo ya comenzaba a tener serios problemas de liquidez, lo que comportaba un serio riesgo para el dinero avalado públicamente.

Parking en Tibigardens

A pesar de que Grand Tibidabo declaró beneficios en ese año, los accionistas tardarían más de 13 meses en recibir el dividendo correspondiente. Es más, esos beneficios fueron posibles gracias a que De la Rosa se sacó de la manga la venta de un 7,5% de Tibigardens a una sociedad extranjera, con lo que se generaron unos beneficios contables de 1.200 millones. En realidad, se trataba de lo que en el argot financiero se llama un parking, una operación en la que un tercero asume temporalmente un paquete de acciones con el comiso de que le serán recompradas en una fecha determinada de antemano y pagándole los correspondientes intereses. La argucia era una señal clara de que la crisis estaba servida. A pesar de que esa operación de ingeniería financiera figuraba en los balances auditados de Grand Tibidabo, la Generalitat, que estaba avalando a la sociedad que era objeto del parking, no pidió explicaciones. De nuevo, la CNMV no hizo comentarios.

En 1993 la crisis de Grand Tibidabo se desarrolla a velocidad sideral. Los problemas financieros crecían al tiempo que las deudas. A finales de 1993, la deuda de todo el grupo alcanzaba los 43.000 millones de pesetas.

Los agobios financieros impedían a Grand Tibidabo y sus filiales afrontar sus pagos y el 8 de junio de este año ya no pudo abonar a sus obligacionistas los intereses semestrales correspondientes. La debacle estalló públicamente y las acciones, bajo mínimos hasta entonces, se desplomaron definitivamente en la Bolsa.

El mismo día de la junta general, el 30 de Junio, los accionistas se enteraron de que las pérdidas brutas reconocidas por la empresa superaban los 10.000 millones de pesetas, o lo que es lo mismo: que la sociedad estaba a las puertas de la liquidación.

En esa misma junta, a la que De la Rosa no asistió, los accionistas ya no se creían nada. La mayoría de las propiedades de Grand Tibidabo tenían un valor más que discutible, sin aportar apenas recursos. Las pocas que quedaban en sus manos, como la sede social en la Diagonal de Barcelona, o el parque de atracciones de la montaña del Tibidabo, estaban hipotecados o en garantía de créditos o del buen fin de otras operaciones. Para colmo de males, De la Rosa, el autor del desastre, debía a la sociedad más de 4.000 millones de pesetas, que nadie sabe si se cobrarán.