PSOE rechaza la apropiación de expropiación en la moratoria nuclear

El pasado jueves, varios diputados del llamado sector guerrista comunicaban al Ministerio de Industria y Energía su intención de presentar una enmienda al proyecto de ley de Reordenación del Sector Eléctrico cuya finalidad era cancelar definitivamente la construcción de tres centrales nucleares (Lemóniz, Zorita y Trillo II) con el procedimiento de expropiación forzosa por parte del Estado. Tal anuncio encendió todas las alarmas en el área energética del departamento. Finalmente, la enmienda guerrista fue desestimada en el grupo parlamentario socialista ayer por la mañana, en beneficio de la en...

El pasado jueves, varios diputados del llamado sector guerrista comunicaban al Ministerio de Industria y Energía su intención de presentar una enmienda al proyecto de ley de Reordenación del Sector Eléctrico cuya finalidad era cancelar definitivamente la construcción de tres centrales nucleares (Lemóniz, Zorita y Trillo II) con el procedimiento de expropiación forzosa por parte del Estado. Tal anuncio encendió todas las alarmas en el área energética del departamento. Finalmente, la enmienda guerrista fue desestimada en el grupo parlamentario socialista ayer por la mañana, en beneficio de la enmienda pactada por el grupo y el Gobierno, que establece la extinción de las autorizaciones para construir los grupos nucleares mencionados, pero que excluye el procedimiento expropiatorio.Así, tal y como se aprobará en el articulado de la Ley, el Gobier no pagará a las compañías eléctricas los activos inmovilizados en la moratoria nuclear a través de un porcentaje incluido en la tarifa eléctrica, durante un periodo no inferior a 25 años.

El grupo socialista presentará finalmente una enmienda que excluye el procedimiento de expropiación. La alarma que produjo en la Administración la posibilidad de una expropiación de activos nucleares en moratoria está justificada por el sobrecoste y el lentísimo plazo judicial de la fórmula expropiatoria. El coste reconocido de la moratoria, fijado por la Administración, hubiese sido sustituido por un justiprecio. El Estado se hubiese visto obligado a pagar de forma inmediata.

La fórmula actual de moratoria costará en tomo a 800.000 millones de pesetas. El procedimiento expropiatorio hubiera supuesto un coste superior al billón.