El largo adiós

"Ya se veía venir algo. Hacía tiempo que no se invertía mientras sabíamos que en Inglaterra y Alemania se renovaba la maquinaria. La propia actitud pasiva de la dirección hacía pensar, pero nunca imaginamos que se haría como se ha hecho". Antonio Jiménez, de 47 años, y empleado de Gillette desde hace 19, ha sido uno de los 245 testigos directos del abandono de la multinacional de la planta de Sevilla en la que sus traba adores aseguran que han conocido la "felicidad". Pese al acuerdo sobre las indemnizaciones y el proyecto de futuro, todos los empleados mantienen una reivindicación imposible: ...

"Ya se veía venir algo. Hacía tiempo que no se invertía mientras sabíamos que en Inglaterra y Alemania se renovaba la maquinaria. La propia actitud pasiva de la dirección hacía pensar, pero nunca imaginamos que se haría como se ha hecho". Antonio Jiménez, de 47 años, y empleado de Gillette desde hace 19, ha sido uno de los 245 testigos directos del abandono de la multinacional de la planta de Sevilla en la que sus traba adores aseguran que han conocido la "felicidad". Pese al acuerdo sobre las indemnizaciones y el proyecto de futuro, todos los empleados mantienen una reivindicación imposible: su puesto en Gillette.Depresiones, un infarto, enfrentamientos y un sentimiento generalizado de vacío es lo que ha quedado tras cuatro meses de lucha. Antonio Jiménez, con cuatro hijos de entre 7 y 17 años, casado con una ex empleada de Gillette, ha vivido cada momento del final de este emblema de sueño americano afincado en Sevilla.

"El 18 de marzo, el comité iba a discutir el convenio para este año. Nunca había habido muchos problemas y las negociaciones eran tranquilas. Antes de empezar, comunicaron el cierre irrevocable. Ofrecimos congelaciones salariales, renuncias a derechos adquiridos. Pero yo sabía que si habían decidido irse, se irían", recuerda este empleado de mantenimiento.

Tres días tardó el recién relevado consejero de Trabajo, Francisco Oliva, en anunciar públicamente que Gillette no podía abandonar una planta en la que se habían registrado 400 millones de beneficio el pasado año. Llegó a amenazar con la utilización de todas las armas legales a su alcance. Sin embargo, tras la misma reunión, al igual que en todos los encuentros posteriores con la Junta de Andalucía y los trabajadores, la empresa fue clara y concisa: "El cierre es irrevocable".

Desde entonces, las movilizaciones fueron continuas. En solitario o acompañados de los trabajadores de Santana Motor, de otras industrias en crisis e incluso de jornaleros. En Sevilla, Madrid o en el comedor de la factoría, donde recibieron al director, Alberto Morales, con sonidos de cubiertos que ellos bautizaron como "cucharada". Manifestaciones, pintadas y hasta baños en el Guadalquivir. Pese a todo, a finales de abril, el jefe de personal de Gillette, Juan José Torres, ratificaba que los problemas de la multinacional eran de superproducción y que habían decidido concentrar el proceso de fabricación en las plantas del Reino Unido y Alemania.

Gillette había mantenido una gestión paternalista sobre sus empleados. La empresa concedía créditos sin interés, subvencionaba gastos de oftalmología, tenía un club de vacaciones, seguros gratuitos de vida, ayudas a la escolarización y para disminuidos, instalaciones deportivas y hasta regalos gratuitos en Reyes para los niños. Los sueldos superaban la media, y según recuerda Antonio Jiménez: "hemos sido felices".

La proximidad de las elecciones andaluzas, convocadas para el 12 de junio, y el rechazo producido en la sociedad por el cierre de una empresa con beneficios -que llevó a instituciones y colectivos a pedir el boicoteo de los productos de Gillette y denunciar su actuación en el Parlamento Europeo-, reanimó la actividad de la Junta que, a tres días de los comicios y pese a los desaires de los directivos de la entidad en Boston, envió al director general de Industria andaluz, Julio Alba, a Londres. Allí se encontró con el máximo responsable de la multinacional, Alfred M. Zein. El resultado fue nulo.

Simultáneamente, el Gobierno andaluz sacó su último as de la. manga. Un industrial vasco, Pedro María Pérez Boíllos, en nombre de la entidad, Saico, decía estar dispuesto a utilizar la planta de Gillette para una nueva industria que costaría unos 2.000 millones y absorbería a la mitad de la plantilla afectada.

El 19 de junio, tras las elecciones y ante la falta de noticias sobre este plan industrial, el comité de empresa y los partidos políticos se echaron encima de la Junta exigiendo responsabilidades por lo que consideraban un proyecto fantasma utilizado electoralmente.

De nuevo, la presión obligó a la Junta a anunciar la presencia de un grupo catalán, conocido con él nombre de Index, que estaba dispuesto a ser el inversor del proyecto. Todavía preside la entrada de la empresa una pintada que reza "inversor no", prueba de la desconfianza que suscitaron los empresarios catalanes.

"Lo del grupo inversor era un timo", asegura Antonio Jiménez, pendiente de recibir el lunes el finiquito para ir con su familia a descansar. "La mayor", dice hablando, de sus hijas, "es la que más ha sufrido; es la que más cuenta se ha dado de todo". Las familias han seguido los acontecimientos con más frustaciones que ilusión, debido a los periódicos anuncios de soluciones parciales.

Finalmente la plantilla desechó al inversor y ha convencido al grupo Saico y el director del proyecto, Juan José Guillén, para que sigan adelante con el plan para fabricar conducciones de fluidos especiales con los trabajadores como respaldo. Gillette ha comprado su libertad con 3.800 millones para indemnizaciones y la cesión temporal de su planta.

Atrás quedan días de lucha que los empleados de Gillette nunca hubieran imaginado. Pese al respaldo de la mayoría al acuerdo adoptado el miércoles, hay diferencias que se mantendrán siempre. Uno de los últimos gilletteros, que llama shiitas a los más beligerantes contra la empresa, aseguraba el mismo día que se sellaba el, abandono, que sus propios compañeros les habían traicionado y que si la multinacional se iba era porque no se había respondido a sus expectativas. Desde el anonimato, este trabajador asegura que los beneficios fueron un 30% menor de lo esperado y que la empresa dedicaba 200 millones anuales a cubrir el elevado absentismo y los gastos del comité de empresa.