Consenso inicial entre los partidos para que Rojo siga de gobernador

El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha encontrado el respaldo inicial de prácticamente todos los grupos políticos para la renovación de Luis Ángel Rojo como gobernador del Banco de España. Sin embargo, no parece que haya el mismo consenso para la continuidad del subgobernador, Miguel Martín. Otro problema que se presenta es el del nombramiento de los seis consejeros externos. Muchos declinan la oferta, ya que con la nueva ley no podrán administrar sus inversiones directamente.

El Ministerio de Economía quiere convocar "en cuanto se pueda" a la comisión de Economía. del Congreso para ...

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El ministro de Economía, Pedro Solbes, ha encontrado el respaldo inicial de prácticamente todos los grupos políticos para la renovación de Luis Ángel Rojo como gobernador del Banco de España. Sin embargo, no parece que haya el mismo consenso para la continuidad del subgobernador, Miguel Martín. Otro problema que se presenta es el del nombramiento de los seis consejeros externos. Muchos declinan la oferta, ya que con la nueva ley no podrán administrar sus inversiones directamente.

El Ministerio de Economía quiere convocar "en cuanto se pueda" a la comisión de Economía. del Congreso para informar sobre la continuidad de Luis Ángel Rojo al frente del Banco de España, que debe decidirse, antes del 2 de agosto. Economía quiere que el Parlamento respalde por consenso la ratificación de Rojo y evitar toda polémica. El PP es el que menos explícitamente ha dado su respaldo.La oposición a Miguel Martín es un revés para las intenciones primigenias de Luis Ángel Rojo, que quiere que siga su segundo. Sin embargo, mientras su nombramiento parece que no tropieza con ningún inconveniente político, el del actual subgobernador provoca un rechazo creciente por su desgaste por los casos Rubio y Banesto. Su comparecencia ante la Comisión Rubio del Congreso produjo bastante estupor y sorpresa entre los grupos parlamentarios. Martín se contradijo en algunas de sus manifestaciones y dio la impresión, según miembros de la comisión, de "querer desmarcarse a toda costa de los problemas surgidos" cuando él ocupaba una Dirección General del banco con Mariano Rubio.

Tampoco fue entendida en el propio Banco de España, donde las dudas sobre la continuidad han aumentado. "No se explica lo que dijo Miguel Martín ante la Comisión. Debió tener un mal día o trató de eludir el que trataran de buscarle posibles lazos", señalan fuentes del banco emisor. Éstas añaden que, en todo caso, "si Martín no sigue como subgobernador alguien podría decir entonces que realmente había tenido responsabilidades tanto en la solución dada al caso Banesto como con el escándalo Ibercorp". Una persona que cuenta con posibilidades es José Pérez, actual director general de Inspección. Otro de los nombres barajados es el de Luis Linde, también director general del banco emisor.

El gobernador será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno por seis años. El subgobernador y los consejeros los nombra el Gobierno a propuesta del gobernador. Habrá ocho consejeros, de los que dos serán por cargo (el director general del Tesoro y el vicepresidente de la Comisión de Valores).

Aunque teóricamente los consejeros no tienen que responder a "cuotas políticas" de ninguna clase (ni pertenecientes a partidos políticos determinados ni a comunidades autónomas concretas), los partidos sí han hablado del tipo de personas que les gustaría que estén en el consejo. Las conversaciones de Solbes incluyen también a los partidos nacionalistas PNV y CiU. De los actuales consejeros, se irán casi con seguridad José Luis Sureda y Enrique Fuentes Quintana y se da por hecho que siga Julio Segura.

Incompatibilidades

El perfil es que sean personas en contacto con la economía real y no sólo con la académica. Sin embargo, aparece un problema como consecuencia de que las personas a las que se ha sondeado, sobre todo por el PP, ponen impedimentos por las incompatibilidades al tener que declarar las carteras e inversiones. Por ello, según una de las personas propuesta por el PP, "al final sólo van a poder aceptar historiadores o catedráticos".

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