García Vargas anuncia nuevos datos sobre las escuchas y niega la implicación del Cesid

MIGUEL GONZÁLEZ El ministro de Defensa, Julián García Vargas, reiteró ayer en el Senado que el Cesid no está implicado en la red de escuchas ilegales desmantelada en Barcelona, tal como hizo el 9 de diciembre en el Congreso y a pesar de las informaciones publicadas tras levantarse el secreto del su mario. El ministro admitió, no obstante, la necesidad de aportar datos adicionales a los difundidos entonces y se mostró dispuesto a comunicárselos en se creto a los representantes de los grupos parlamentarios.

El ministro se ofreció a explicar también, a puerta cerrada, el motivo por el cual...

MIGUEL GONZÁLEZ El ministro de Defensa, Julián García Vargas, reiteró ayer en el Senado que el Cesid no está implicado en la red de escuchas ilegales desmantelada en Barcelona, tal como hizo el 9 de diciembre en el Congreso y a pesar de las informaciones publicadas tras levantarse el secreto del su mario. El ministro admitió, no obstante, la necesidad de aportar datos adicionales a los difundidos entonces y se mostró dispuesto a comunicárselos en se creto a los representantes de los grupos parlamentarios.

El ministro se ofreció a explicar también, a puerta cerrada, el motivo por el cual varios vehículos y agentes del espionaje militar se encontraban en las inmediaciones de la sede del diario El Mundo el pasado 29 de noviembre. Según García Vargas, los agentes secretos no espiaban a ningún periodista, sino investigando un asunto "que afecta gravemente a la seguridad nacional" y que no quiso desvelar.

El titular de Defensa se quejó de las "insinuaciones y filtraciones" que se han producido últimamente con el objetivo de desprestigiar al Cesid. Aunque se negó a señalar el origen de estas filtraciones, podía deducirse que aludía a sectores policiales enfrentados al servicio secreto.

Mientras, el juez del caso de la red, de escuchas ilegales, Eduardo Navarro, ha pedido a Interpol que investigue las actividades de un ciudadano italiano a quien cita en su declaración Miguel Ruiz, El Lobo, uno de los ex agentes del Cesid implicados en esta causa, informan Blanca Cia y Carles Pastor.

El Lobo declaró al juez que un tal Luigi Códena (o Cótena o Cótera, pues de las tres formas aparece en el sumario), de nacionalidad italiana, se trasladaba periódicamente a Barcelona desde Roma para cobrar talones -de 5 millones de pesetas cada uno, según algunas versiones- en una agencia de La Caixa de la calle de Pelayo, a poca distancia de la sede de La Vanguardia.

Una empresa de Roma

El italiano venía de parte de una empresa de Roma llamada Aquarius (o Acuarius) International. El dinero se lo repartían a partes iguales el italiano y El Lobo, quien le acompañaba a cobrar los talones. Fuentes cercanas a Miguel Ruiz reconocieron esa relación con el ciudadano italiano, pero señalaron que fue el coronel del Cesid Fernando Rodríguez, también implicado en el caso, quien puso en contacto a El Lobo con Luigi Códena, con la presunta intención de desmantelar la empresa que utilizaban de pantalla, Boadcast.

En e¡ registro mercantil de Roma aparecen varias empresas con aquel nombre, con objetivos sociales declarados perfectamente normales, según fuentes conocedoras del caso. El juez quiere saber si la empresa italiana trabajaba para la red desmantelada en noviembre pasado, o para quien les había contratado: el presidente de La Vanguardia, Javier de Godó, y con qué fin.

Por otro lado, el Congreso de los Diputados aprobó prácticamente por- unanimidad instar al Gobierno para que modifique el Código Penal y endurezca las penas por delitos de escuchas telefónicas ilegales, informa Camilo Valdecantos. Igualmente pide al Gobierno que regule la fabricación, importación, comercialización y uso de instrumentos dedicados a la interceptación de escuchas telefónicas. -

La moción presentada por el PP fue defendida por Rogelio Baón que atacó duramente la política del Gobierno en este campo con alusiones constantes al escándalo de Barcelona, las implicaciones del Cesid, y con (Juras referencias al vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra.

Nicolás Redondo Terreros, en nombre del PSOE, se opuso a la primera parte de la moción en la que se pedían mecanismos policiales urgentes para actuar contra las escuchas ilegales.