El tribunal anula el tercer juicio del 'caso Tous'

El juicio de Tous se repetirá por cuarta vez, 11 años después de la rotura de la presa, que inundó la comarca valenciana de La Ribera y provocó nueve muertes y decenas de miles de millones en daños materiales. La sección tercera de la Audiencia de Valencia, con el voto particular en contra de una de sus tres componentes, ha decidido devolver los autos al juez instructor. Éste tendrá que tomar declaración y ofrecer la posibilidad de acciones a más de 30.000 de los 40.553 damnificados, a los que no se citó en su día uno por uno, personal y nominalmente, como el tribunal considera que debe hacers...

El juicio de Tous se repetirá por cuarta vez, 11 años después de la rotura de la presa, que inundó la comarca valenciana de La Ribera y provocó nueve muertes y decenas de miles de millones en daños materiales. La sección tercera de la Audiencia de Valencia, con el voto particular en contra de una de sus tres componentes, ha decidido devolver los autos al juez instructor. Éste tendrá que tomar declaración y ofrecer la posibilidad de acciones a más de 30.000 de los 40.553 damnificados, a los que no se citó en su día uno por uno, personal y nominalmente, como el tribunal considera que debe hacerse.

La decisión conmocionó el viernes, día de Nochebuena, a todas las partes implicadas en un proceso que parece cada vez más irresoluble. La indignación y el desconcierto fueron mayores, no sólo porque el caso deriva hacia unos derroteros que pueden retrasar años su final, sino porque ninguna de las partes había puesto en cuestión la continuación del juicio. El propio ministerio público, mediante un comunicado de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, se desmarcó de la "particular posición de tan sólo dos magistrados de la sala", que preside José Presencia e integran Roberto Beaus y Luisa María Epenza. Esta última, en un voto particular, señaló su discrepancia con la resolución.Los abogados de las asociaciones Afiva y Apemeda, que ejercen la acusación en nombre de unos 4.500 afectados, calificaron de "dislate" la decisión del tribunal. El letrado Arturo Terol consideró "absolutamente equivocada" la resolución y dijo que "no tiene ningún fundamento que se considere, 11 años después, que se han vulnerado derechos de las personas en el momento del ofrecimiento de acciones". Amadeo Pérez, también representante de los damnificados, calificó la decisión de "difícilmente explicable" y aseguró que supone un auténtico descrédito para la Administración de Justicia que se establezca la "nulidad de actuaciones realizadas de oricio", en las que ninguna de las partes ha podido opinar.

Jesús Sancho-Tello, que defiende a su hermano, uno de los acusados en su condición de comisario de aguas del Júcar cuando se derrumbó la presa, dijo que se trata de una decisión "descabellada". "No hay por dónde cogerlo", comentó el letrado, para quien el auto del tribunal implica una "vuelta atrás" que prolongará años el final del caso.

La polémica resolución del tribunal basa su argumentación en que no basta, pese al amplio despliegue informativo que el caso ha generado durante una década, que se convoque a los posibles afectados por la pantanada mediante edictos publicados en juzgados, ayuntamientos y medios de comunicación, sino que hay que ofrecerles acciones personalmente y tomarles declaración para conocer su identidad y acreditar los daños sufridos.